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Ética y Política
José M. Tojeira
El año 2023 termina mal especialmente en lo que respeta a la ejecución e interpretación de la legislación vigente. No solo en eso, pero es importante remarcarlo dentro del anhelo de muchos de preservar el estado de derecho. Termina el año con la permanencia de una ley de régimen de excepción que solo debe darse en momentos extraordinarios y por un mes, y que se viene repitiendo desde hace más de veinte meses, acumulando encarcelamientos de personas inocentes y otras arbitrariedades moralmente injustas. La reelección presidencial, basada en una interpretación de la Sala de lo Constitucional lingüísticamente caprichosa de un numeral de la Constitución, tampoco es garantía de bienestar, aunque muchos la ensalcen.
Y ahora llega a una especie de delirio persecutorio la orden de detención contra la directiva de la Asamblea Legislativa que firmó la ley de amnistía de 1993. Pocas personas han criticado la mencionada ley de amnistía como el que suscribe este artículo, pero convertir la mencionada ley en un delito de encubrimiento de un crimen de lesa humanidad es un monumental desafuero jurídico. Casi del mismo tamaño que la propia ley de amnistía, pero con una intencionalidad más perversa: La judicialización de la política y la advertencia de que cualquier persona puede ir detenida a través de interpretaciones arbitrarias de la ley.
Podemos preguntarnos por qué el juez no libró orden de detención contra todos los diputados que votaron a favor de la ley de amnistía. Tal vez para no hacer más radical el desafuero. O tal vez para sugerir que después de la judicialización de la mencionada directiva de la Asamblea pueden venir otras órdenes de detención por estar a favor o en contra de una ley.
El artículo 125 de la Constitución afirma textualmente que los diputados “no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan”. ¿Por qué entonces tienen responsabilidad los que firman o publican lo que decidieron los votos de los diputados? La ley de amnistía, en efecto, fue una bofetada en el rostro del pueblo salvadoreño, un acto de desprecio hacia las víctimas y una ley servil a los intereses de los victimarios. Pero también otras leyes, antiguas y nuevas, pueden convertirse en legislaciones injustas. Poner algún ejemplo del presente nos puede ayudar a entender el absurdo de esta orden judicial. Si en determinado momento se demostrara, con el paso del tiempo, que la ley que autorizó el bitcoin como moneda nacional, dio resultados negativos para el país, ¿tendrían que ir presos los directivos de la Asamblea que la sancionaron?
El año 2024 está a las puertas. No tengo dudas de que en las próximas elecciones se reafirmará el peso sustancial de las autoridades vigentes, más allá de consideraciones legales o éticas. Más allá de proseguir una carrera en la que las partes acumulan agravios, bueno sería iniciar un diálogo sobre la situación del país y tratar de subsanar las diversas injusticias existentes. Invertir más en educación y salud es positivo, aunque haya que invertir todavía más y de modos más eficientes. Pero frenar la judicialización de la política, corregir los abusos cometidos durante el excesivamente largo régimen de excepción, limitar o incluso perseguir en algunos casos los mensajes de odio en las redes, son pasos fundamentales para el desarrollo de la amistad social que debería existir en el país.
El gobierno próximo continuará teniendo demasiado poder concentrado en pocas manos. Escuchar, dialogar, aprender de otros que piensan distinto, aceptar la crítica cuando refleja verdades, reflexionar sobre la necesidad de cooperación con la sociedad civil, es la única manera existente para evitar que el poder se dirija hacia la corrupción. El historiador inglés, lord Acton, acuñó la frase, “el poder tiende a corromper, y el poder absoluto, corrompe absolutamente”. No quisiéramos que la frase del historiador se volviera una especie de presagio del futuro salvadoreño.
