Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) fue notificada el pasado 21 de mayo, de la resolución emitida por el Juzgado Ambiental de San Salvador, sobre el caso de la Costa del Sol, donde la jueza expresó que el problema fue «la mala interpretación dada a la sentencia».
UNIDEHC reiteró que la mala interpretación de la municipalidad de La Paz Centro, en ese momento bajo la dirección de Armando Jirón, alcalde de ese municipio, por el partido GANA, llevó al cometimiento de actos arbitrarios, como el desalojo de los vendedores, la quema de decenas de ramadas, puestos de ventas y el mobiliario de comerciantes, de la playa Costa del Sol.
Según la jueza, el plazo de 24 horas era con el fin de que se identificaran la cantidad y tipo de ramadas en la playa y si contaban con permiso ambiental, de no poseerlo, ordenaran la suspensión de las actividades, lo cual dista mucho de la interpretación que se ha pretendido dar.
También se ordenó como medida la reubicación de los mismos en un sitio autorizado o designado por esa municipalidad, ya que lo comercializado en las ramadas genera el sustento de dichas familias.
“Ha sorprendido por tanto la actuación del alcalde, quien, en caso de no haber comprendido el orden literal de la medida cautelar, podría haber solicitado ampliación de las mismas, lo cual en ningún momento hizo. Por tanto, esta juzgadora no tiene en ningún momento que responder ante los hechos cometidos por otra autoridad”, indica la resolución del Juzgado Ambiental.