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Mandan a juicio a 95  acusados por 25 homicidios y otros delitos

@DiarioCoLatino

El Juzgado Especializado de Instrucción “C” dio a conocer la resolución contra 195 imputados, acusados por 25 casos de homicidios agravados, feminicidios agravados, agrupaciones ilícitas, siete extorsiones, actos preparatorios para tráfico ilícito, hurtos, robos, simulación de delitos, entre otros, informó la oficina de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez.

La administradora de justicia determinó que 99 pasaron a juicio, mientras que a siete se les otorgó un sobreseimiento provisional, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR). De igual forma se dejó libre de cargos definitivamente a Manuel de Jesús Cortez Lazo, ya que falleció hace meses. Mismo beneficio se le otorgó a José Rubén López Umaña por proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado; asimismo, Darwin Steven Castellano Barrera, acusado por atentar contra la vida de Alonso Zavala Umaña también resultó con igual resolución.

También, a Luis Alexander Barahona y Jeimy Janeth Flores de Reyes se les benefició con un sobreseimiento provisional por los homicidios agravados en Elizabeth Flores Argueta y Ana Isabel Pineda Centeno, Delmy del Carmen Martínez Argueta y Adela del Carmen Argueta madre e hija respectivamente. Sin embargo, no recuperaron su libertad por estar involucrados en otros delitos en el mismo proceso.

La jueza basó su resolución en las declaraciones de testigos criteriados, “blancos”, es decir, con clave y la peligrosidad que estos sujetos representan para la sociedad, además, aceptó la prueba presentada por la FGR. Es de mencionar también que la resolución se dio a conocer por grupos de cinco, es decir, que solo se atendían a cinco abogados y luego entraban otros al juzgado, desde las 8:00 hasta las 9:30 a.m.

Cuando se instaló la audiencia preliminar, el pasado 27 de enero, se le otorgó a 48 imputados un procedimiento abreviado, ya que solo estaban por el delito de agrupaciones ilícitas. A esas personas se les condenó, luego de aceptar su responsabilidad, y se les impuso una suspensión condicional de la pena, lo cual significa que por espacio de dos años harán un trabajo de utilidad pública.

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