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@JennyCoLatino
La subasta no es el mecanismo más democrático para garantizar el acceso a una frecuencia de radio y televisión, cialis for sale sin embargo, healing es el único que contempla la actual Ley de Telecomunicaciones para otorgar las frecuencias radioeléctricas, cialis manifestó el Presidente Mauricio Funes, al referirse al debate generado por varias organizaciones sociales que están en desacuerdo con el proceso de concesión de frecuencias radioeléctricas, iniciado recientemente por la Superintendencia General de Comunicaciones de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET)
El mandatario expresó que comparte con las organizaciones sociales su desacuerdo de que la subasta sea el único elemento para la asignación de las frecuencias radioeléctricas, no obstante, explicó que la licitación publicada por la SIGET respondió a una solicitud a la que había que darle una salida a partir de la ley vigente en el país en este tema.
Explicó que ante la solicitud a la SIGET, por parte de un interesado en operar servicios de televisión, se tuvo que dar respuesta con base a la ley, razón por la que se convocó a la subasta, por ser el único mecanismo autorizado.
“Se estaba haciendo en este momento porque recibimos la solicitud y la ley nos obliga a responder, de lo contrario el silencio administrativo opera en beneficio del que hace la solicitud y da por entendido que se le concede la frecuencia, por lo tanto el Superintendente está obligado a hacerlo”, recalcó.
No obstante, opinó que dicho mecanismo prioriza la capacidad económica del ofertante, pues “en una subasta el que paga más se lleva la frecuencia”.
En tanto, el gobernante reaccionó ante las declaraciones de algunos analistas y políticos del partido ARENA, quienes rumoraron que el mandatario tenía interés personal en una frecuencia y que por eso se había convocado a la subasta, e incluso, había pedido la renuncia del anterior superintendente para realizar dicha acción.
“Cómo se les ocurre que el Presidente de la República se va a hacer de una frecuencia de televisión en una subasta que se realiza bajo su mandato, eso lo hizo el expresidente (Alfredo) Cristiani con los bancos, pero yo no lo voy a hacer. El que presidentes anteriores se hayan llevado una banca, o fondos de cooperación no significa que yo vaya a hacer lo mismo”, respondió.
En tanto, el jefe de Estado respaldó el accionar del actual superintendente Ástor Escalante, el cual aseguró es transparente ya que está enmarcado en la ley.
En tanto, el Presidente Funes destacó que, en lo personal, sí está interesado en que “se amplíen los usuarios del espectro radioeléctrico del país y haya competencia, sobre todo en el mercado de la televisión”.
El gobernante se refirió además a la orden emitida por la Sala de lo Constitucional, de suspender la subasta, la cual opinó que constituye “una medida cautelar preventiva” que decidió resolver para pasar a estudiar los artículos de la Ley de Telecomunicaciones que regulan la manera en que otorga las frecuencias.
En este sentido, indicó que si tras el análisis de los magistrados se determina que este mecanismo riñe con la Constitución de la República debe salir del cuerpo legal vigente, pero mientras esto suceda el gobierno tiene que “observar y cumplir la ley”.
Del mismo modo, expresó que imagina que “la Sala no está siendo presionada por nadie y que no hay ningún canal de televisión o familia de propietarios de canales televisivos que hayan presionado a la Sala o que le hayan indicado lo que tiene que hacer”.
“Me imagino que la Sala está libre de los tensiones políticas para responder a determinados intereses”, resaltó.
Reformas tributarias y emisión de bonos
En otros temas, el mandatario reiteró que las acciones que está tomando su gobierno, como la petición de emisión de bonos y tres reformas de carácter fiscal, han sido coordinadas con el equipo del presidente electo, Salvador Sánchez Cerén.
En este sentido, rechazó que se trate de iniciativas formuladas de forma atropellada.
“Las decisiones que se están tomando obedecen a un proceso de consulta de discusión entre ambos equipos y no son iniciativas que me las he sacado de la manga de la camisa”, enfatizó.
El gobernante afirmó que las tres reformas fiscales presentadas esta semana por el Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, tienen algún tiempo de estar propuestas y han sido discutidas en varios momentos con el partido FMLN, quien incluso fue el que le solicitó que presentara las reformas al Legislativo.
“Que hayan sido presentadas en mi gobierno, no significa que esas iniciativas no hayan sido trabajadas o no sean del conocimiento del equipo de gobierno del presidente electo y, peor aún, que no sean del conocimiento de los diputados del FMLN, particularmente de los diputados y diputadas que forman parte de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, siendo que esta comisión es presidida por la diputada del FMLN, Lorena Peña”, aseveró.
Asimismo, reprochó que los analistas, en especial de FUNDE, FUSADES, dirigentes de ANEP, diputados y dirigentes de ARENA, han desvariado contra estas iniciativas, diciendo que su mandato está por concluir.
“Que sea Presidente de la República saliente no significa que he renunciado voluntariamente a mis facultades y capacidades constitucionales, sigo siendo Presidente de la República y por lo tanto sigo teniendo facultades constitucionales”, afirmó.
Es de destacar que las iniciativas tributarias presentadas ante la Asamblea tratan de una modificación para que los dueños y accionistas de los periódicos paguen el impuesto sobre la renta, tal como ocurre con el resto de empresarios y ciudadanos, la creación de un impuesto a las propiedades suntuarias con valor mayor a 350 mil dólares y un impuesto a las transacciones bancarias arriba de 750 dólares.
En este sentido, manifestó que en virtud de la Ley de Imprenta y la Ley del Libro, que datan de casi un siglo, los dueños de los periódicos no pagan el impuesto de la renta, a diferencia de los dueños otros medios de comunicación, el resto de empresarios y los ciudadanos en general.
“Está bien en aquellos años en que lo escrito era la única forma de comunicarse, pero ahora tenemos otras formas, a veces más efectivas que los periódicos como es la radio o la televisión, bajo ese argumento o todos en el suelo o todos en la cama, o todos pagan impuestos o todos no pagan”, expresó.
Agregó que tal como lo dijo el ministro Cáceres esta iniciativa se basa en el principio de equidad tributaria.
Además, manifestó que otra de las iniciativas para aumentar la recaudación tributaria es la creación del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria suntuaria, cuyo objetivo es grabar la posesión de bienes inmuebles de lujo o de recreo.
En este sentido, señaló que El Salvador es el único país de Centroamérica que no tiene un impuesto predial y con esta nueva ley quienes pagarían este impuesto serían los dueños de casas de habitación, predios baldíos, lotes y solares urbanos que en individual o en conjunto (si son varios) superen los 350 mil dólares.
Del mismo modo, mencionó que las propiedades recreativas como ranchos de playa, casas de lago y de montaña, que no se destinen para habitación, pagarán impuesto independientemente del valor.
Aclaró que esta disposición tiene exenciones, como el caso de los inmuebles de la actividad productiva, de iglesias, de cooperativas, organismos internacionales, sedes diplomáticas y organizaciones no gubernamentales; también están exentas las viviendas de habitación, una o varias, con precio inferior a los 350 mil dólares que son la gran mayoría de este país.
Sobre la ley al impuesto de las operaciones financieras, la cual está dirigida a los pagos que se hacen por medio de cheques o transferencias electrónicas superiores a los 750 dólares, explicó que con esta nueva ley se descontarían 2 dólares con 50 centavos por cada un mil dólares.
El mandatario aclaró que este impuesto excluye el pago de planilla, en caso de aquellas empresas que cuenten con este sistema y también las transferencias entre cuentas de un mismo usuario.
De este impuesto también están exentos los pagos de energía eléctrica y agua, los certificados de inversión, los fondos de pensiones y las remesas, dijo el gobernante.
“Este gobierno le ha dado predictibilidad a las finanzas; encontramos un país con 13% de recaudación fiscal, y ahora tenemos un país con casi un 16% de recaudación fiscal. Si estas reformas se aprueban podemos alcanzar un 17% del PIB. Estamos convencidos que si no logramos un 17% de recaudación con relación al PIB, el país no tiene ninguna viabilidad”, remarcó.
Tras explicar en qué consisten las propuestas fiscales, el jefe de Estado reclamó que tras su presentación, “el país ha escuchado afirmaciones aventuradas”, por parte de analistas económicos de “dudosa independencia”.
“No cabe ninguna duda que muchos de ellos hacen sus análisis por encargo, en defensa de claros intereses”, reprochó el Presidente Funes.
En este sentido, aclaró que, de ser aprobadas las reformas, ninguna de éstas afectará a la población más pobre, ya que son impuestos dirigidos a las personas con mayor poder económico en el país.
Además, insistió que su afán de consultar todas sus acciones con el equipo del presidente electo es para garantizar que haya continuidad de los cambios emprendidos en estos cinco años.
Especialmente, para que existan los recursos suficientes para financiar la gran reforma social que constituyen los programas sociales, como la entrega de uniformes, zapatos y útiles a los estudiantes, el Vaso de Leche, el PATI, la Pensión Básica Universal y Ciudad Mujer.
“Cuando yo tomo la decisión de integrar un equipo de transición lo hago con el espíritu de facilitar la transición, pero también de garantizar que el próximo gobierno continúe con los cambios estructurales que hemos impulsado durante esto ya caso cinco años como gobierno del cambio”, dijo.
En esta dirección indicó que para que los programas sociales impulsados en su gobierno continúen es necesario que el próximo gobierno tenga garantizados los recursos necesarios para su cumplimiento, y es en este sentido en el que van las solicitudes de emisiones de bonos y reformas fiscales, las cuales están orientadas a mejorar la recaudación fiscal sin afectar a la clase media ni a los sectores populares.
