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Por Henry Morales Arana/Edgar Calderón
Ciudad de Guatemala/AFP
Cientos de guatemaltecos iracundos salieron el jueves a las calles de la capital en rechazo a reformas al Código Penal aprobadas por el Congreso, que blindan a políticos de posibles acusaciones de financiamiento ilegal.
Los manifestantes exigen al presidente Jimmy Morales que veté esas reformas que por la noche fueron suspendidas temporalmente por la máxima instancia judicial del país al acoger seis impugnaciones.
«Se procede a otorgar el amparo provisional y dejar en suspenso» las modificaciones «ello en virtud de que constituyen una seria amenaza que en caso de cobrar vigencia podría ocasionar daños irreparables al sistema de justicia», dijo en conferencia de prensa el presidente de la Corte de Constitucionalidad, Francisco de Mata.
Quemando monigotes que representaban a congresistas, además de colocar un ataúd y flores mortuorias frente al Congreso, los manifestantes lanzaron consignas para repudiar la acción de los diputados, a la que calificaron como un «Pacto de Corruptos», observó un fotógrafo de la AFP.
«¡Están despedidos todos!», señalaba un cartel amarillo con letras negras que portaba una mujer.
El miércoles, 107 de los 158 diputados acordaron de urgencia nacional que el delito de financiamiento electoral ilícito no castigue directamente a los secretarios generales de los partidos y recarga una eventual culpa a los contadores de cada organización política.
La votación ocurrió dos días después de que el Congreso rechazara un pedido de la fiscalía y de una misión antimafias de la ONU para retirar la inmunidad al presidente Morales para ser investigado penalmente por financiamiento ilícito en su campaña electoral en 2015 con el partido derechista FCN-Nación.
Morales era secretario general de ese partido durante la campaña.
Además, el Congreso aprobó otro cambio al Código Penal. Hasta ahora, un delito penado con hasta 5 años de prisión puede ser excarcelable mediante fianza, pero el Congreso amplío el margen para aplicar esa norma a los delitos sancionados con hasta 10 años de cárcel.
La fiscalía estimó que esa normativa beneficiará a los criminales, debido a que casi 400 delitos que figuran en el Código Penal podrán acogerse a esa nueva figura legal.
Las modificaciones «propician la existencia de estructuras criminales», advirtió en un comunicado la Procuradora General de la Nación, Anabella Morfin, quien instó al presidente a vetar los cambios.
Las protestas subieron de tono al punto que los manifestantes pasaron sobre una cerca de seguridad en la plaza central capitalina e interrumpieron parte de los festejos oficiales por el 196 aniversario de la independencia de Centroamérica.
Ante la posibilidad de nuevas airadas protestas, el presidente Morales suspendió el tradicional desfile estudiantil que estaba programado para este viernes en el centro de la capital.
Vergüenza
La decisión del Congreso no sentó bien en varios sectores, incluida la reacción del embajador de Estados Unidos, quien criticó duramente a los legisladores.
«¿De verdad?, ¿Urgencia nacional? ¿Que vergüenza?», señaló el embajador estadounidense en el país, Todd Robinson, en un mensaje en su cuenta de Twitter.
El diplomático cuestionó a los congresistas porque a su juicio impusieron sus intereses relegando temas prioritarios, como atender la precaria situación de escuelas, hospitales y carreteras.
Tras señalar que Guatemala «está de luto» por las reformas aprobadas, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, interpuso uno de los amparos que fueron acogidos por la CC.
«Indignación, vergüenza nacional, un descaro. Vaya padres de la patria», señaló el magistrado de conciencia en un mensaje.
En tanto, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU, aseguró en las redes sociales que «el pecado original de la democracia guatemalteca es el financiamiento electoral ilícito».
Morales, por medio de un video difundido en redes sociales, dijo que analizará las modificaciones y, de resultar «nocivas para el pueblo de Guatemala», usará el recurso del veto presidencial.
«Las reformas fueron diseñadas para asegurar impunidad», aseguró por su lado la poderosa cámara de empresarios, aglutinados en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).
Las modificaciones se hacen en medio de una crisis política luego de que Morales intentó expulsar del país al jefe de la Cicig, al exmagistrado colombiano Iván Velásquez, quien junto con la fiscalía encabezan una inédita lucha contra la corrupción.
