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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
El Servicio Social Pasionista (SSPAS) en su evaluación del primer año de la gestión del presidente Nayib Bukele, reseñó los desafíos que representaba el abordaje de la prevalencia de derechos humanos, el diálogo constructivo con los sectores de la sociedad y el abandono de viejas prácticas de populismo, que aún persisten.
“Este Gobierno, al igual que los liderados por los partidos de Arena y el FMLN, ha recurrido nuevamente a estrategias de corte manodurista, las cuales han sido la fórmula favorita desde 2003. Las acciones que han ejecutado no se diferencian en las desarrolladas por Francisco Flores (1999-2004), Antonio Saca (2004-2009), Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), quienes favorecieron el uso y protagonismo de Fuerza Armada de El Salvador (FAES) en tareas de seguridad pública, la presencia represiva de elementos policiales y militares en comunidades afectadas por la violencia pandilleril, las detenciones masivas y, muy probablemente, arbitrarias de miles de personas y en este primer año de gobierno se contabilizan 38,947 personas detenidas, según el MJSP y la restricción de derechos a las personas privadas de libertad, en particular en las cárceles con presencia de pandillas”, afirmaron.
Sobre el descenso en la ocurrencia de homicidios, registrando un promedio de 2.0 homicidios diarios en el mes de mayo 2020, que cerró con una tasa de 4.3 homicidios este primer año de gobierno, lo calificaron de positivo y relevante para situación de seguridad y tranquilidad de la población, pero lamentaron que el Gobierno solo lo relacionara con la aplicación del Plan Control Territorial, pero no hay informes, cifras o constancia de acciones para medir esos resultados.
Asimismo, aconsejaron de manera urgente invertir en la recuperación del “tejido social”, en especial en los territorios que han sufrido la violencia durante décadas, el dominio casi exclusivo de estructuras criminales; entre ellas, las pandillas, pero también en la violencia de género e intrafamiliar que ha marcado la vida de la niñez y adolescencia que vive en vulnerabilidad.
“Reconocemos la importancia de apostar al fortalecimiento de las capacidades técnicas y a mejorar las condiciones laborales de la Policía Nacional Civil (PNC), el incremento salarial, la mejora de su infraestructura y equipamiento, así como su formación profesional son claves para que la institución logre afrontar con efectividad los grandes riesgos que implica la violencia y la criminalidad en el país. No obstante, acompañado a este proceso debe generarse una transformación profunda de la policía, que implique abandonar prácticas de abuso de poder e, incluso, de comisión de delitos a los que se ha visto vinculada durante los últimos años. Y al apostar por el fortalecimiento de la policía implica reducir el protagonismo de la Fuerza Armada, retirando a esta de las labores de seguridad”, reafirmaron.
En cuanto al problema de la inseguridad, el SSPAS advierte que este ha sido utilizado de manera constante para presionar y manipular información y huir de la transparencia y rendición de cuentas a la que el Gobierno está obligado constitucionalmente.
“Los hechos ocurridos el 9 de febrero de 2020 han representado el ejemplo perfecto del uso de este tema para fines políticos y de acumulación de poder, así como de debilitamiento del sistema democrático del país. La ocupación de la Asamblea Legislativa con elementos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada pasará a la historia del país como uno de los hechos más significativos del irrespeto a la institucionalidad y el manejo autoritario del poder político del Gobierno”, manifestaron.
El SSPAS enfatizó en su desacuerdo con el hacinamiento en las cárceles, que son los espacios de control del Gobierno, por las evidentes acciones de crueldad y manipulación de gobiernos pasados y el actual.
“Muestra de ello es la respuesta desmedida y de riesgo para las personas privadas de libertad que este Gobierno tuvo ante el incremento de homicidios en abril de 2020, tuvo como consecuencia un alza significativa en los casos positivos de COVID-19 en los centros penales”, argumentaron.
El Servicio Social Pasionista sugirió al presidente Nayib Bukele abandonar el énfasis represivo y autoritario del ejercicio de la política de seguridad y otras acciones gubernamentales, como la respuesta a la Emergencia Sanitaria por la pandemia del COVID-19 y el paso de la tormenta tropical Amanda, que ha impactado severamente a poblaciones en vulnerabilidad económica, social y salud. “Demandamos que el Gobierno deje las respuestas autoritarias y poco conciliadoras en el manejo de la emergencia”, señala la organización.
La prevalencia del enfoque de derechos humanos, de equidad e inclusión, advirtió el SSPAS, debe mantenerse como una constante en el ámbito de seguridad y en otros aspectos esenciales para el desarrollo del país.
“Nos sumamos a la diversidad de voces, nacionales e internacionales, que han instado al Gobierno a generar nuevas dinámicas de diálogo, que lleven a lograr acuerdos de país y a atender de manera inmediata, pero con racionalidad, ética y empatía, los grandes problemas que ahora enfrenta El Salvador. Las organizaciones de derechos humanos no somos mera oposición, somos un elemento crítico y que busca aportar siempre a las preocupaciones de las víctimas y de la población afectada por la violencia. La defensa de derechos humanos es un derecho al que no renunciaremos y en la cual basamos nuestra labor y postura institucional”, puntualizaron.
