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José M. Tojeira
Las maras o pandillas son tema de conversación frecuente. Son simultáneamente un problema social y un problema delictivo. El Estado hace muy poco para atender el problema social y con frecuencia enfrenta con serias irregularidades los problemas delictivos que se desprenden de su propia ineficiencia en el desarrollo social. La actitud cínica de los políticos, que en público las atacan, pero que en privado negocian votos con sus líderes a cambio de favores, agrava todavía más la situación. La falta de control adecuado del uso y negocio de las armas de fuego, la facilidad del acceso juvenil, incluidos menores de edad, a drogas y alcohol, y el crecimiento urbano incontrolado, condenado al hacinamiento miles de personas, muchas de ellas sin trabajo decente, alimentan el crecimiento de las maras. Después de eso vienen las influencias de deportados, así como el ansia juvenil de asociarse y empoderarse frente a situaciones de marginación y descarte.
El año 2018 el comité de los Derechos del Niño, preocupado por las diferentes formas de violencia que afectan a los niños y adolescentes recomendaba al Estado Salvadoreño lo siguiente: “Asigne los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la aplicación efectiva del Plan Nacional de Educación y sus seis componentes, destinados a lograr escuelas libres de violencia, docentes de calidad, una mejor atención en la primera infancia, 12 grados de escolaridad, mejor educación superior y mejores infraestructuras, lo que contribuiría a garantizar el derecho de los niños y niñas a la educación y a la protección contra la violencia”. En otras palabras se insistía en que un Plan Nacional de Educación era indispensable para liberar a nuestros jóvenes de la plaga de la violencia. De hecho el anterior gobierno tenía el “Plan El Salvador Educado” que en el papel respondía a todas estas necesidades. Se hizo un cálculo económico del costo que tendría dicho plan, por cierto bastante alto, y recién presentado el Plan se rebajó el presupuesto de educación en vez de subirlo. En otras palabras, que a pesar del ambicioso plan la educación continuó como siempre, con todas las carencias que advertía el Comité de los Derechos del Niño.
El Gobierno actual no tiene de hecho un plan tan amplio y elaborado como lo es el Plan El Salvador Educado. A nivel educativo da la impresión de que es más un Ministerio de Educación en construcción, que una institución eficiente que enfrenta y tiene un plan concreto para corregir y mejorar la situación educativa del país. Y aunque el Gobierno ha tenido éxito de momento en la reducción de la violencia, lo que nos dice la historia y el conocimiento es que mientras no haya una educación adecuada, la sola represión del delito no garantiza el no resurgimiento del mismo. Al contrario, el delito ante la represión violenta se esconde momentáneamente, para encontrar poco tiempo después formas más eficaces de golpear y de burlar los ataques. Solamente una sociedad educada y con un desarrollo básicamente solidario puede superar la violencia. Y las maras son fruto, precisamente, de esta sociedad tan dañada por plagas de corrupción, desigualdad, marginación, hambre, trabajo informal, deficiente sistema educativo y debilidad institucional en general.
La ONU nombró no hace mucho un representante especial del secretario general. Entre sus muchas recomendaciones para evitar la violencia entre niños y adolescentes aconsejaba iniciar modelos de “justicia restaurativa en las escuelas y en entornos comunitarios”. Insistía en que estos modelos “ofrecen un gran potencial para abordar los incidentes de comportamiento antisocial o las infracciones leves, lo que permitirá que los niños y los adolescentes comprendan las consecuencias de sus acciones, expresen sus sentimientos acerca de la situación y reparen el daño. Este enfoque puede evitar el contacto con el sistema formal de justicia y todas las consecuencias negativas que ello conlleva para los jóvenes, asegurando al mismo tiempo la rendición de cuentas y soluciones guiadas por la imparcialidad y la justicia”. La justicia restaurativa, tan desconocida en nuestro país, junto a la atención psicológica a jóvenes en las escuelas, sería un buen paso en el ámbito del desarrollo y la evolución hacia una cultura de paz. Y por supuesto, unido a un mejoramiento de todo el sistema educativo, así como de otras políticas públicas que por sus deficiencias continúan fomentando la violencia en el país.
