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Santiago / AFP
La resistencia mapuche tomó el domingo las calles de Santiago en una movilización que pidió el fin de «las violencias del capital», reivindicando la lucha de los indígenas del sur de Chile por recuperar tierras que consideran propias.
«Nuestra historia nos juzgará, no un estado opresor», rezaba uno de los coloridos carteles que acompañaron la movilización, intervenida por la policía con coches lanza agua cuando los manifestantes se acercaban a la sede de gobierno, La Moneda.
«Estamos marchando en defensa del pueblo indígena de Chile que es violentado en su región, en ese sur donde les robaron sus tierras en el pasado y siguen sin devolverlas», dijo a la AFP Cata, una mujer que acudió junto a su pequeña hija.
Este año, la tradicional marcha cierra una semana marcada por la decisión de la Corte Suprema de Chile de rebajar la pena de cadena perpetua para dos comuneros mapuches condenados por el asesinato de una pareja de ancianos en el sur del país.
El tribunal supremo bajó la condena aplicada a José Tralcal y Luis Tralcal a 18 años, y eliminó la calificación de terrorista al delito de incendio que provocó las muertes.
Los movimientos mapuches defienden la inocencia de los condenados y piden la liberación de otros compañeros detenidos por incidentes, al considerarlos presos políticos.
La calificación de «terrorismo» centra la polémica, en especial en La Araucanía (sur), donde se registran con frecuencia ataques incendiarios en la mayoría de los casos a maquinaria industrial.
Los ataques son reivindicados por organizaciones radicales mapuches, en medio de la resistencia de un pueblo que demanda de restitución de tierras ancestrales que en su mayoría pertenecen en la actualidad a empresas forestales.
En su segundo mandato al frente de Chile, Sebastián Piñera lanzó un nuevo plan de desarrollo para la región de La Araucanía, donde se asientan gran parte de las comunidades mapuches que concentran los niveles de pobreza más altos del país.
La última encuesta oficial marca que la pobreza en esta región se ubica en el 17,2%, por encima del 8,6% que el país registró en 2017.
