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Por Leticia Pineda
México/AFP
Miles de personas salieron a las calles de Ciudad de México el jueves al cumplirse seis meses de la desaparición de 43 estudiantes, generic cuyos padres claman para que el caso no quede en el olvido y exigen la anulación de las próximas elecciones en su natal Guerrero (sur).
«A seis meses de dolor, de sufrimiento y de pesadilla, esto nos ha atacado y nos ha roto el corazón a pesar de que el gobierno está tratando de callar a los padres» de los estudiantes, dijo Melitón Ortega, tío de uno de los desaparecidos, cuando la marcha llegó al emblemático monumento a la Revolución, en el centro de la capital.
La manifestación se desarrolló sin brotes de violencia entre grandes fotografías blanco y negro de los rostros de los 43 jóvenes, así como pañuelos bordados con sus nombres.
Sin dar crédito a la conclusión oficial de que los estudiantes acabaron siendo masacrados en Guerrero (sur) por narcotraficantes, los padres exigen al gobierno que los encuentre con vida y claman por que no se olvide este crimen que conmocionó a México y a la comunidad internacional.
«Guerrero exige justicia, no elecciones», se leía en una de las pancartas.
Horas antes, una comisión de los centenares de manifestantes -entre familiares, estudiantes y miembros de organizaciones civiles- ingresó al Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar formalmente la suspensión de las elecciones del próximo 7 de junio, cuando se votarán autoridades regionales y locales en 16 de los 32 estados mexicanos.
«No hay condiciones para realizar las elecciones (…) no se puede hablar de democracia, verdad, justicia, Estado de Derecho», asegura el pliego petitorio de cuatro páginas, que aboga por que se elijan consejos populares integrados por «personas de alta calidad moral» en sus comunidades.
Según los promotores de la misiva, el INE dará una respuesta escrita a más tardar el 4 de abril.
Para los familiares, de celebrarse los comicios se perpetuarían las condiciones para que se repita un crimen brutal como el de los estudiantes, que puso en entredicho la imagen del México próspero que trata de impulsar el presidente Enrique Peña Nieto, cuya popularidad ha venido desde entonces a la baja.
«No trabajo ni dedico el empeño a colocarme medallitas, ni a tener logros personales», fustigó el mandatario, pero reconoció que los conflictivos estados de Guerrero y sus vecinos Oaxaca y Michoacán son puntos que «la autoridad electoral tendrá que atender, cuidar» en las elecciones de junio.
«Muchas interrogantes»
Los 43 estudiantes, que eran parte del beligerante magisterio de la escuela rural de Ayotzinapa (Guerrero), fueron atacados la fatídica noche del 26 de septiembre por policías locales en la cercana localidad de Iguala, y desde entonces se les perdió el rastro.
Además de la localización de los estudiantes, los manifestantes reclaman que antes de los comicios deben haber acciones y cambios contundentes para evitar que sean electos los llamados «narcopolíticos».
Como ejemplo recordaron la elección de José Luis Abarca -acusado de ordenar el ataque contra los estudiantes- como alcalde de la ciudad de Iguala en 2012, a pesar de que había sido investigado por presuntos nexos con la delincuencia organizada y de que su esposa es hermana de poderosos narcotraficantes.
Según la reconstrucción de la fiscalía, los estudiantes fueron entregados a narcotraficantes del cártel local Guerreros Unidos quienes los asesinaron, incineraron y arrojaron sus restos a un río, supuestamente por creer que entre los jóvenes habían infiltrados de un grupo rival.
Pero hasta el momento sólo uno de los estudiantes ha sido identificado por los expertos forenses de Austria que analizan los restos encontrados en la zona.
La falta de otras pruebas de ADN y el hecho de que la reconstrucción del crimen esté basada en las confesiones de los presuntos victimarios ha hecho que organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional pusieran en duda la versión oficial.
«Seis meses después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes (…) expresamos nuestra preocupación frente a las muchas interrogantes que se mantienen sin respuesta», reiteró Amnistía Internacional este jueves.
Los expertos enviados recientemente a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también han dicho que aún no tienen certeza de lo que sucedió con los jóvenes.
Pero la fiscalía defendió su «exhaustiva» investigación, que hasta el momento ha dejado 104 detenidos, 64 de ellos policías locales y 40 integrantes del cártel Guerreros Unidos.
Las acusaciones incluyen delitos de homicidio, secuestro y delincuencia organizada, pero las autoridades esperan la resolución de un tribunal para levantar cargos por desaparición forzada.
