Samuel Amaya @SamuelAmaya98 E n el contexto del Día Mundial del Agua que se celebra cada 22 de marzo, organizaciones defensoras del agua y comunidades afectadas por la injusticia, el robo y el despojo del vital líquido salieron a marchar este miércoles para denunciar violaciones a los derechos ambientales por parte del Estado. Las denuncias fueron presentadas a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) y trataron sobre violaciones a los derechos por empresas oligarcas, exigen que cumpla con su mandato y defienda la sustentabilidad y el derecho humano al agua de la ciudadanía. Las juntas de agua, comunidades, iglesias y organizaciones sociales aglutinadas en el Foro del Agua El Salvador, la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, el Foro Nacional de Salud, la Caminata Ecológica, la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, La Mesa Nacional contra la Minería Metálica, la Mesa por la Soberanía Alimentaria y la Federación de Pueblos Originarios del Sur; marcharon juntos hacia ASA a presentar diversas denuncias contra personas y empresas que durante años y por diversos métodos han destruido sus zonas de recarga, contaminando, robando y despojando del agua a las comunidades y territorios. La Ley General de Recursos Hídricos creó la ASA, una institución “fuerte, con capacidades técnicas y financieras suficientes para luchar frontalmente hasta eliminar la injusticia hídrica, el robo y el despojo del agua en el país, es nuestro interés fundamental”, dijeron las organizaciones en su comunicado. Algunos de los casos más representativos de la “injusticia hídrica” contra la que día con día luchan las personas en sus territorios, tienen que ver con el despojo del agua que hace la agroindustria azucarera con el riego indiscriminado de la caña de azúcar, ya que al utilizar más de 5 mil metros cúbicos de agua por manzana de caña de azúcar cultivada con la contaminación de los ríos por parte de las empresas que construyen urbanizaciones, “se quedan con las ganancias y luego abandonan las plantas de tratamiento para que contaminen nuestras aguas”. Carlos Flores, del Foro del Agua, destacó que “el problema del agua en el país tiene que ver con temas ambientales, pero el principal sobre la crisis en El Salvador es la injusticia que enfrentamos, a ello sumándole el robo y despojo del agua en comunidades pobres”. Además, denunciaron la perforación ilegal de pozos industriales que amenazan el abastecimiento de comunidades rurales, como es el caso de la junta de agua del cantón Barranca Onda que actualmente se ve amenazada por la construcción de un pozo privado a diez metros del que pertenece al sistema, la disputa entre usos ancestrales y comunales que se ven amenazados por la construcción de la octava represa en el rio Sensunapán. Las organizaciones también alertaron sobre la destrucción de territorios y zonas de recarga acuífera para la urbanización y construcción de infraestructura, como ocurre en Valle El Ángel, donde “los intereses de la familia Dueñas” se antepone al derecho al agua de las comunidades empobrecidas de Apopa. Entre las principales preocupaciones de las organizaciones ante la Ley General de Recursos Hídricos aprobada por el oficialismo, es la falta de información y acompañamiento técnico por parte de la ASA en el proceso para la inscripción de las juntas, los pozos y la solicitud de autorización de uso del agua; sumado a los requerimientos establecidos por la Ley y Reglamento con relación a la inscripción de las juntas, resulta excluyente para la mayoría de sistemas, pues su condición hace necesaria el acompañamiento técnico, jurídico y político para ayudarles a resolver las graves problemática que enfrentan. Otro de los aspectos que genera preocupación es lo establecido en el artículo 41 inciso tercero donde se establece la obligación de las juntas de agua de cumplir con la obligación de garantizar el derecho humano al saneamiento, siendo que hasta la fecha ni las instituciones públicas cumplen con esta obligación del Estado. “Existe preocupación en buena parte de la población por la poca importancia que se le ha dado a la construcción de la institucionalidad que administrará los bienes hídrico del país, ya que a la fecha no se cuenta con una junta directiva de la ASA totalmente conformada, ya que a la fecha se desconoce quiénes son los referentes de la sociedad civil en dicha estructura y tampoco se han definido los organismos zonales de cuenca, estructuras territoriales que deberán garantizar la estricta aplicación de la Ley en los territorios a través de la participación de la población y todos los actores locales”, expresaron. En tal sentido, para garantizar la justicia, la sustentabilidad y el derecho humano al agua, las organizaciones exigieron dar seguimiento y resolver las demandas que presentaron ayer a la ASA. Diseñar mecanismos de apoyo (técnico, jurídico y financiero) y plazos especiales y adecuados para que las juntas de agua puedan legalizarse e inscribirse en el Registro Nacional de Recursos Hídricos, una vez hayan cumplido con los requerimientos establecidos en la ley y mientras tanto que puedan seguir suministrando agua a las comunidades.