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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
El secretario de transparencia y anticorrupción, Marcos Rodríguez, desmintió anoche que el Ejecutivo esté abusando de recursos públicos para contratar seguros privados de salud, como se ha dicho en algunas publicaciones de prensa.
“Las instituciones que dependen directamente del señor presidente son 13, Casa Presidencial y 12 ministerios y cuentan con el 68% de los empleados públicos, y en términos de seguros a personas solo gastan el 13% de esos $144 millones”, manifestó.
Por el contrario, explicó, varias instituciones públicas, pero independientes de la Presidencia de la República, y que concentran solo el 12% de los empleados estatales, gastan el 58% de esa erogación para seguros privados, adquirida desde 2012.
“Por ejemplo, la Asamblea Legislativa responde por el 19% de lo gastado en seguros; la Corte Suprema de Justicia responde por el 10%, la Fiscalía tiene el 9% y el Consejo Nacional de la Judicatura tiene el 2%.
Manifestó el secretario de Transparencia que los seguros contratados por el Gobierno Central, salvo dos excepciones, corresponden a seguros de fianza que establecen tanto el artículo 115 de la ley de Administración Financiera del Estado (AFI) como el artículo 104 del reglamento de la ley de la Corte de Cuentas de la República, que obliga a que todas las personas que manejan recursos públicos tienen que tener un seguro para que en el caso que exista malversación o pérdida se pueda responde y no pierda el Estado.
“Seguramente, si no se hubieran pagado estos seguros publicarían: Gobierno sin dinero para pagar seguros que obliga la ley, pero si se paga dice que este gobierno malgasta”, criticó.
Una de las dos excepciones corresponde al Ministerio de Seguridad Pública, que gasta $15 millones en seguros que corresponde al 11% del total (publicado) e incluye los seguros de fianza, pero también los seguros de vida de todo el personal que lucha contra el crimen, pero si quieren se los sacamos, ¿qué dirían los medios que sacan este tipo de información si el Gobierno les sacara los seguros de vida a los policías que están luchando contra el crimen?”, se preguntó Rodríguez durante la entrevista brindada la noche del martes a canal 10.
Aclaró el funcionario que los empleados administrativos de Seguridad Pública no tienen seguro de vida, solo la gente que está en las calles luchado contra el crimen y quienes están en la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
“No es cierto que los funcionarios tengan seguros privados en las instancias directamente vinculadas al poder ejecutivo y tampoco es cierto para el personal”, recalcó.
En el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, solo aquel personal del servicio exterior goza de un seguro médicos debido a que estas no tienen ninguna posibilidad de poder recurrir al Seguro Social y es falso que a sus familiares los cubra dicho seguro privado y estos deben recurrir al sistema público o pagarse con sus propios fondos la atención médica en los países donde se encuentran, aseguró.
Rodríguez afirmó que el informe del Ministerio de Hacienda sobre la contratación de seguros privados para el Estado detalla que son alrededor de 200 instituciones las involucradas, pero de estas alrededor de 160 son alcaldías
“Yo me sorprendí cuando leí la nota y me sorprendí porque me consta que el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén realmente está haciendo esfuerzos muy considerables a favor de la austeridad en el manejo de los recursos públicos”, dijo Rodríguez, quien aprovechó la oportunidad para afirmar que en su caso particular, no tiene ningún seguro y que hace uso del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
El grueso de los fondos estatales utilizados para pagar seguros privados corresponde a otros poderes del Estado como la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Asamblea Legislativa, así como instituciones autónomas como la Corte de Cuentas de la República y el Consejo Nacional de la Judicatura, donde el presidente Sánchez Cerén no tiene ninguna capacidad de incidencia, explicó el titular de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción.
El presidente Sánchez Cerén tampoco tiene capacidad de decidir si se contrata o no seguros privados en las alcaldías municipales, muchas de las cuales han adquirido esos seguros señaló el funcionario.
Rodríguez anunció que en los próximos días presentarán un estudio más profundo sobre la adquisición de seguros de salud privados por parte de entidades públicas y autónomas. “Estamos convencidos de dos cosas: la gente tiene derecho a saber y los medios de comunicación deben respetar a la gente y tratar de ser lo más serios y objetivos posibles en el manejo de la información pública”, opinó.
