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Por Leonel Herrera*
La semana pasada se cumplieron 15 años del asesinato atroz de Ramiro Rivera y Dora Sorto, mártires de la lucha contra la minería metálica en Cabañas, quienes defendieron el agua y la vida frente a los nocivos proyectos extractivos.
Los activistas ambientales fueron asesinados el 20 y el 26 de diciembre de 2009, respectivamente, en una zona rural de Sensuntepeque, a orillas del Río Lempa, en plena confrontación con la empresa Pacific Rim. En junio de ese mismo año había sido desaparecido, torturado y asesinado Marcelo Rivera, en San Isidro, donde la misma minera canadiense pretendía explotar la mina “El Dorado”.
Ramiro Rivera murió en una emboscada montada por un grupo de sicarios que lo acribillaron con armas largas de uso militar, aun con la protección policial que recibía. Murió mientras todavía se recuperaba de un atentado del que había sobrevivido a pesar de recibir siete impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo.
Mientras que Dora Sorto fue cruelmente asesinada junto al bebé de ocho meses que llevaba en su vientre. Sus asesinos le dispararon por la espalda, cuando regresaba de recoger agua y lavar ropa en un río cercano.
Ambos asesinatos quedaron totalmente impunes, ni siquiera se capturó a los autores materiales. El responsable directo de tan grave omisión es el actual fiscal general Rodolfo Delgado, quien en aquel momento era el jefe de la Unidad Especializada de Delitos de Crimen Organizado, la instancia encargada de investigar dichos crímenes.
Ya como fiscal general, Delgado tampoco quiso investigar los asesinatos de los mártires de la lucha antiminera. Lo que sí ha hecho es procesar, por un supuesto delito de la guerra, a los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES que denunciaron las intenciones del actual gobierno de reactivar los proyectos mineros.
Por el caso de Marcelo Rivera sí se procesó a un grupo de pandilleros como autores materiales, pero nunca se investigó la autoría intelectual. El presidente de Pacific Rim era el minero candiense Thomas Shrake y el vicepresidente era el abogado salvadoreño Rodrigo Chávez Palacios.
Chávez Palacios es la misma persona que en 2015 fue condenado a once años de prisión tras confesar el homicidio de Franklin Jonathan Mendoza Ortiz, a quien el antiguo directivo minero mató, desmembró y dispersó las partes de su cuerpo en distintos lugares de San Salvador.
“El descuartizador” (como lo llamaron los medios periodísticos por este espeluznante crimen) fue puesto en libertad en diciembre de 2020 por orden del Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria de La Libertad, instancia que decretó su “libertad condicional anticipada”.
La jueza del referido tribunal justificó su decisión con un informe criminológico, según el cual Chávez Palacios “presenta una conducta normal y sin alteraciones, es capaz de distinguir entre lo bueno y lo malo y ha mostrado disposición al cambio (…)”.
Pacific Rim también tuvo como colaboradores cercanos a alcaldes areneros de aquella época, quienes en lugar de defender a la población de los municipios de Cabañas actuaban en complicidad con los proyectos extractivistas que amenazaban la vida de su misma gente.
El pasado 23 de diciembre -por orden de Casa Presidencial- los diputados oficialistas y sus aliados derogaron de un plumazo la prohibición de la minería metálica que costó la sangre de los mártires ambientales; y aprobaron una nueva ley minera que abre paso nuevamente a los tenebrosos proyectos extractivos contra los cuales murieron luchando Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera quince años atrás.
Ese mismo día los legisladores de Nuevas Ideas y compañía también reeligieron a Rodolfo Delgado, el fiscal general que no procesó a los autores intelectuales y materiales de los mártires ambientalista y que, en vez de eso, ahora se ensaña contra los activistas antimineros de Santa Marta y ADES.
El próximo 3 de febrero, personeros del fiscal Delgado arremeterán nuevamente con su acusación sin pruebas contra Antonio Pacheco, Saúl Rivas y los demás líderes ambientalistas de Cabañas, en una ilegal e injusta repetición del juicio en el cual ya habían sido sobreseídos por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque en octubre del año pasado.
*Periodista y activista ambiental.
