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Madrid/AFP
Más de 700 alcaldes en Cataluña dispuestos a organizar el referéndum de autodeterminación prohibido por la justicia se exponen a ser investigados y hasta arrestados, advirtió la fiscalía general de España este miércoles, antes de que los independentistas lancen la campaña para la consulta.
En un nota a la que tuvo acceso la AFP, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ordenó a los fiscales en Cataluña citar en calidad de investigados a los alcaldes «en relación con los presuntos actos de cooperación en la organización del referéndum ilegal» del 1 de octubre.
En caso de que no comparezcan, el fiscal insta «a acordar su detención y presentación en Fiscalía».
Según una lista de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), hasta ahora 712 de los 948 alcaldes en Cataluña (noreste de España) se han comprometido a realizar el referéndum, por lo que podrían ser objeto de la orden.
La disposición amenaza con caldear aún más los ánimos, ya tensos tras la convocatoria del gobierno catalán de la consulta, pese a la prohibición y advertencias de Madrid, con la que planea declarar la independencia de la rica región de 7,5 millones de habitantes de ganar el «sí».
«Que nos arresten»
«Pues que nos arresten, ¡están locos!», reaccionó en conversación telefónica con AFP David Rovira, alcalde del partido PDCat (conservador e independentista) en la población de Espluga de Francoli, de 3.800 habitantes.
«No han entendido nada de lo que está pasando, no han hecho ninguna oferta (ante reivindicaciones catalanas, ndlr), se están riendo a nuestra cara», dice el alcalde, quien señala haberse vuelto independentista ante la intransigencia de Madrid.
«Es necesario un colapso de la estructuras de Estado que no quieren permitir este referéndum, tiene que haber una posición de desobediencia en la totalidad de los alcaldes», dijo de su lado Montse Venturós, alcaldesa de Berga (16.000 habitantes) de la CUP, partido independentista de extrema izquierda cuyos alcaldes no atenderán la llamada de los fiscales.
El presidente independentista catalán, Carles Puigdemont, que también es objeto de una querella por diversos delitos por convocar el referéndum, escribió en Twitter: «712 alcaldes representan el 75% de todos los alcaldes catalanes».
Pero de las diez ciudades más pobladas, seis de ellas, incluidas Barcelona (1,6 millones de habitantes) y Hospitalet de Llobregat (250.000) han rehusado hasta ahora a implicarse directamente en la votación.
Los catalanes se muestran divididos ante la secesión, aunque un 70% de ellos se inclina por celebrar un referéndum para decidirlo.
El lunes cientos de miles de personas se manifestaron en el centro de Barcelona por la independencia, en ocasión de la Diada, el día de Cataluña algunas mostrando pancartos donde se leía «Adiós España».
«La Constitución prevalecerá»
El jefe del gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, decidido a impedir la consulta, llamó nuevamente a las autoridades catalanas a acatar la ley y las decisiones judiciales.
«Si la ley deja de cumplirse, eso significa que la voluntad de la mayoría de los ciudadanos no sirve absolutamente para nada y que cada uno puede hacer lo que estime oportuno», dijo a periodistas.
Pidió a los catalanes estar «tranquilos». «Si a alguien se le cita para acudir a una mesa electoral, que no vaya porque no puede haber referéndum y sería un acto absolutamente ilegal», dijo.
En una primera referencia al tema, el rey Felipe VI dijo estar seguro de que «la Constitución prevalecerá sobre cualquier quiebra de esa convivencia en democracia».
El Tribunal, que desde 2014 prohíbe el referéndum, invalidó la convocatoria del gobierno catalán y advirtió que en caso de no obedecer las autoridades regionales en caso de desobedecer se exponen a «eventuales responsabilidades, incluida la penal».
Los nacionalistas y separatistas catalanes, mayoritarios en el parlamento regional desde septiembre de 2015, reclaman desde 2012 un referéndum de autodeterminación.
Los independentistas acusan al TC de estar politizado. Y han decidido ignorar sus decisiones y organizar la consulta.
«El aparato represivo del Estado funciona cuando la desobediencia es estadísticamente reducida», pero si viene de centenares de municipios, «el gobierno entero de la comunidad autónoma y otras autoridades administrativas, ¿cómo lo aplicas?», dijo recientemente a la AFP el profesor de derecho constitucional Javier Pérez Royo.
«O hay un pacto para la celebración de un referéndum o si no hay pacto, esto es una locura», sentenció.
