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Por: Krissia Girón
ARPAS
Más de 100 organizaciones han señalado en un comunicado que, tras las medidas decretadas por el gobierno salvadoreño en respuesta a la pandemia de la COVID-19, las agresiones contra mujeres periodistas, comunicadoras y defensoras de derechos humanos, así como hacia organizaciones sociales, han incrementado notablemente, lo cual ha generado un entorno “violento y hostil”, que les obstaculiza su labor, señalan.
Consideran como cuestionable el uso que el gobierno hace de las plataformas digitales. “El presidente también se ha valido de los medios digitales para deslegitimar a quienes critican sus políticas, incluyendo mensajes que desacreditan a organizaciones de derechos humanos y el uso de lenguaje misógino”, expresan.
“Según el registro del Sistema Regional de Monitoreo, ha supuesto un aumento en el número de mujeres defensoras que denuncian acciones de ciber-acoso, difamación, amenazas y descalificaciones públicas. Así, defensoras de derechos humanos y periodistas (principalmente aquellas que han denunciado de manera pública presuntas irregularidades o desacuerdos en la gestión gubernamental de la crisis) han expresado ser el blanco de campañas de desprestigio con alto componente de violencia de género”, dice el comunicado.
Además, recordaron que en algunos casos los mensajes provienen de cuentas de redes sociales de “funcionarios públicos, personas cercanas al gobierno actual o al partido oficial”.
Informaron que otras de las violaciones de derechos humanos denunciadas de manera frecuente en el marco de la pandemia son los abusos de carácter policial y la exclusión de los servicios estatales que garantizan el acceso a derechos básicos.
“Desde la Red Salvadoreña de Defensoras se han documentado casos como el de Sara Yamileth Benítez y Ana Cristina Barahona, dos defensoras detenidas y acusadas de romper la cuarentena domiciliar cuando realizaban compras de alimentos y medicinas”, señalaron.
Por eso, exigen que el presidente Nayib Bukele, y sus funcionarios “se abstengan de publicar mensajes que estigmatizan y ponen en riesgo a las personas defensoras de derechos humanos y a periodistas, así como mensajes que promuevan la discriminación contra las mujeres”.
También exigieron al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública tomar medidas para evitar el el uso arbitrario y excesivo de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada.
A la Fiscalía General de la República y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a “investigar prontamente los hechos denunciados por distintas defensoras y periodistas, que podrían configurar delitos”, y que ambas instituciones, junto al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, investigue la violencia y discriminación derivada de la defensa de derechos y del ejercicio de la libertad de expresión.
Entre las organizaciones firmantes se encuentra Amnistía Internacional, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Mujeres Transformando, Código Sur, Colectiva de Mujeres Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información, diferentes redes de mujeres defensoras de derechos humanos de América Latina y el Caribe, entre otros.
Según la Red Salvadoreña de Defensoras, en los primeros cinco meses del 2020 se registran 31 casos de agresiones contra periodistas y defensoras de derechos humanos.
De estos, 6 se dieron entre enero y febrero, la mayor parte -25- se documentaron entre los meses de marzo y mayo, en el marco de la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19.
La mayoría de ataques han sido ciber acoso y ataques digitales dirigidos a mujeres que disienten o cuestionan las medidas del Ejecutivo, aseguraron.
