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La Paz/PL
Durante la campaña agrícola 2015-2016, el gobierno boliviano indemnizó a más de 16 mil familias productoras, cuyos cultivos fueron dañados por fenómenos naturales, confirmaron hoy autoridades locales.
Según el director del Instituto Nacional del Seguro Agrario, Erik Murillo, la dirección del país entregó 15 millones de bolivianos (más de dos millones de dólares) a personas afectadas de las zonas del altiplano, el valle y el chaco.
El funcionario también precisó que antes de noviembre se prevé llegar a los 25 millones de bolivianos (tres millones 597 mil dólares) otorgados a productores de los nueve departamentos del país.
El Seguro Agrario universal Pachamama fue creado en 2011 con el objetivo de resarcir los daños causados por eventos climáticos y contribuir a la protección de los medios de subsistencia de los trabajadores del campo.
Además, está orientado a fortalecer el sector agropecuario nacional y garantizar el logro de la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo boliviano.
Proyecto para paz social
El gobierno de Bolivia mantiene como prioridad garantizar la seguridad ciudadana por lo que aprobó un anteproyecto de Ley de Prevención Social y de Lucha Contra las Pandillas.
Carlos Romero, jefe la cartera de Gobierno, informó que la futura norma tuvo el visto bueno del gabinete de ministros.
El anteproyecto -puntualizó-se caracteriza por la implementación de medidas transversales de prevención que serán asumidas por los Ministerios de Comunicación, Salud, Culturas, Deportes, Autonomías y Justicia, entre otras instancias.
Dicho documento -que fue remitido a la Asamblea Legislativa para su consideración- plantea la reclusión de entre seis meses a tres años de prisión para pandilleros involucrados en acciones delincuenciales.
Prevé la implementación de programas socioeducativos, campañas de concienciación, de inserción laboral, comunitarios y aperturas de centros de esparcimientos, adelantó Romero.
En la parte sancionatoria, Romero explicó que el proyecto de ley establece como punible la conformación de una pandilla con fines delincuenciales.
La norma considera como acción ilícita la sola conformación o integración de esos grupos con una sanción penal de privación de libertad de seis a dos años, y quienes lideren esas organizaciones cumplirán tres años de reclusión. El Ministerio de Gobierno confirmó que en Bolivia existen 269 pandillas, con siete mil 731 integrantes en el país: 69 en el departamento de Santa Cruz, 48 en La Paz, 44 en Cochabamba, 40 en Chuquisaca, 21 en Tarija, 20 en Potosí, 13 en Oruro, ocho en Beni y seis en Pando.
Hemos adoptado un enfoque de integridad en las políticas y estrategias públicas para la seguridad ciudadana, en el cual la regulación debe equilibrar adecuadamente la prevención y la punición de la manifestación delictiva en la sociedad, dijo Romero.
Muchos factores pueden considerase generadores de delitos, entre ellos los problemas de desigualdad, de ahí que la redistribución equitativa ayuda significativamente a neutralizar los hechos delictivos, expresó.
El jefe de la cartera de Gobierno concedió gran importancia a las políticas de empleo para contrarrestar las acciones de violencia y criminalidad.
Puntualizó que existen detonantes para los actos de indisciplina social, como el consumo de bebidas alcohólicas, el uso no regulado de las armas de fuego y la drogadicción.
Bolivia reporta 10,8 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras con mejores resultados en la región están Ecuador, Chile, Perú y Argentina; y con índices muy altos en este apartado se ubican El Salvador, Guatemala, Venezuela y Brasil.
