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Oscar López
Joaquín Salazar
@DiarioCoLatino
La Fiscalía General de la República (FGR) incautó propiedades ligadas en el caso bautizado por la entidad fiscal como “Destape a la corrupción”, en el que el principal acusado es el expresidente de la República Elías Antonio Saca, que fue electo presidente en 2004 bajo la bandera del partido ARENA.
Douglas Meléndez, fiscal general de la República, informó ayer que en la investigación se identificó una serie de bienes y muebles correspondientes a Saca y a otros exfuncionarios involucrados. La incautación de bienes se realizó bajo el procedimiento de extinción de dominio.
“La Fiscalía inmovilizó una gran cantidad de bienes, luego procedimos a presentarle la juez de extinción de dominio todos los bienes que se habían inmovilizado, y las medidas que decretó la FGR ayer (jueves) la juez procedió a avalar, ratificar la inmovilización de todos los bienes y nos habilitó para incautar los bienes relacionados al caso”, explicó el fiscal general.
Meléndez agregó que en el procedimiento también se incluyeron muebles vinculados al grupo familiar del expresidente Saca, además de bienes propiedad de Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones de Saca (cinco propiedades) y de Oscar Edgardo Mixco.
“A raíz de las declaraciones y aceptaciones del expresidente Saca se han vinculado propiedades a nombre de testaferros, propiedades a nombre de terceras personas, en su mayoría a nombre de sociedades. Se va a proceder en contra de esas sociedades, se va a indagar a esos testaferros para determinar si tienen responsabilidades penales”, dijo Meléndez.
El fiscal explicó que el conjunto de bienes incautados tiene un valor que oscila entre los $30 y $40 millones. “No podemos dar valores específicos de todos los bienes, pero el valor de $25 millones se acrecienta. No hay valúos completos de todos los inmuebles, tendrán que hacerse los valúos correspondientes”, dijo Meléndez.
De igual forma, aclaró, en cuanto a la audiencia de vista pública, que el fiscal del caso interrumpió al expresidente al momento de su declaración, porque el imputado no estaba reconociendo sus delitos. “Estaba justificando y ya no era una confesión, por eso fue la reconvención que le hicieron los fiscales, porque, si no los jueces iban a desechar la declaración al ver que no era una confesión sino una justificación”.
Asimismo, Meléndez explicó que decidieron ejecutar el procedimiento abreviado por varias causas, entre ellas, que está por terminar el período de detención provisional, y que por lo mismo los imputados podrían quedar en libertad.
Otro elemento es que aunque se tienen pruebas para condenar en primera instancia, no se puede determinar qué sucedería si el caso pasa a otro nivel judicial.
“Aseguramos una pena, que pudiera ser apelada, porque bien le podíamos poner una pena de más de 10 años, pero quién nos asegura que en una instancia superior iba a ser sostenible, si bien es un caso jurídico, penal, pero es un caso vinculado con cuestiones políticas”, justificó el fiscal general.
En cuanto a investigar a los destinatarios de los fondos, entre ellos ARENA, y los Funcionarios que recibieron sobresueldos, el fiscal general manifestó que es necesario determinar si existe delito y si el mismo ya prescribió.
Vista Pública reinicia lunes
El Tribunal Segundo de Sentencia admitió el proceso abreviado para los imputados: Elías Antonio Saca, Elmer Charlaix, César Funes, Julio Rank, Francisco Arteaga y Jorge Hernández, por lo que se establecieron los testigos requeridos para este proceso, que en total serán 25 personas, más tres peritos, quienes rendirán declaración.
Los abogados de la defensa de los imputados declinaron presentar sus testigos, por lo que la lista inicial aprobada el mes pasado, que era de 497 personas, se redujo.
Por otro lado, el tribunal admitió someter el proceso ordinario en contra del imputado Pablo Gómez, acusado por el delito de peculado. Este proceso se llevará a la par del proceso abreviado, en este caso la FGR solicitó seis personas más de testigos, mientras que los abogados defensores solicitaron la presencia de 25 testigos y dos peritos.
En ambos procesos, la Fiscalía aseguró que presentará prueba pericial, documental y testimonial, en la que se acredita que los imputados cometieron los delitos de peculado y lavado de dinero en la malversación de 301 millones de dólares.
La gran mayoría de testigos, afirmó la Fiscalía, son representantes de financieras que acreditaran los hechos cometidos por los imputados. Asimismo, se contará con cuatro testigos criteriados o bajo régimen de protección. Los criteriados son reconocidos con sus claves “Olimpo”, “Prometeo”, “Príamo” y un cuarto reconocido solamente como “persona con régimen de protección”.
Anteriormente, la Fiscalía confirmó la posible participación de Jorge Hernández, quien recibía de manos de Elías Antonio Saca 10 mil dólares mensuales. No obstante, no aparece en el listado final, pero se especuló su posible comparecencia como criteriado.
Para el lunes 13 de agosto el tribunal convocó a testificar a Víctor René Osorio Amaya y Hugo Esteban Interiano Melgar. Sin embargo, advirtió que debido al corto tiempo, las personas convocadas entre el 13 y el 17 de agosto deberán ser ubicadas y convocadas por la Fiscalía.
Jorge Herrera
Por otro lado, Jorge Herrera, exjefe del área de tesorería institucional de Casa Presidencial, fue el último en rendir su declaración, en la que admitió culpabilidad de haber cometido peculado.
Herrera admitió que durante el periodo presidencial de Elías Antonio Saca firmó 593 cheques que en total sumaban cerca de $301 millones de dólares. Estos cheques fueron firmados bajo la orden de Francisco Arteaga, Elmer Charlaix y Elías Antonio Saca.
Herrera aceptó que sabía que este dinero era destinado para terceros, y que la forma de sacar estos fondos fue para evitar controles contables.
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