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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Durante el período de Cuarentena domiciliar 483,000 personas del Área Metropolitana de San Salvador vivieron una situación crítica en el abastecimiento del agua; desde una vez por semana cada 15 días”, explicó Oscar Ruiz, representante de ACUA, al presentar los resultados de una investigación sobre el COVID-19 y el derecho humano al agua.
Las organizaciones ECOS El Salvador, Foro del Agua El Salvador y ACUA, presentaron los principales hallazgos del estudio de investigación, “Violaciones al Derecho Humano al Agua en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), durante la Cuarentena Domiciliar por COVID-19”.
La investigación realizada en el terreno por ECOS y ACUA, ambas del Foro del Agua, señalan que la investigación se enfocó en el “derecho humano al agua y saneamiento”, una responsabilidad de los Estados miembro de las Naciones Unidas, desde el 28 de julio 2010. Del cual, El Salvador es signatario de esta resolución internacional.
Ruiz señaló que como derecho humano, el agua deberá cumplir ciertas formalidades para que disponga la población, siendo suficiente, salubre, aceptable, accesible y módica, para uso personal y oficios domésticos.
Mientras, el Estado para dar cumplimiento deberá garantizarla, protegerla y cumplir con las leyes de la república sobre bienes hídricos y medio ambiente.
“El cumplimiento del derecho humano al agua en el marco de la cuarentena domiciliar por COVID-19, era de importancia capital de acuerdo a los lineamientos emitidos por la OMS, el abastecimiento de agua potable durante la cuarentena domiciliar por la pandemia y establecían como política fundamental de los Estados garantizar dotaciones mínima de agua potable para mantener condiciones de higiene básicas y evitar el contagio del coronavirus. Y en acceso al agua en el Área Metropolitana de San Salvador, nos encontramos que solo el 82.77 % de los hogares cuenta con conexión de cañerías, mientras un 17.2 % no cuenta con esta infraestructura”, manifestó.
Asimismo, Ruiz manifestó que un 86 % de hogares son abastecidos con sistemas bajo la administración de ANDA, mientras un 10.8 % les suministra el servicio de agua por las propias comunidades (gestión comunitaria del agua), y un 2.6 % la obtienen por servicios privados o autoabastecidas.
“En el área de San Salvador el 97.1 % de los hogares expresaron enfrentar algún tipo de problema con el abastecimiento, por lo que se ven en la necesidad de recurrir a estos mecanismos alternativos de abastecimiento, y solo el 2.9 % afirmó no tener problemas con su abastecimiento por cañerías”, indicó.
De ANDA, las organizaciones señalaron que saboteó el sistema comunitario de agua en la comunidad Santa Eduvigis (Soyapango), en junio del año pasado, y sin importar los procesos judiciales que incluye un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, por las acciones ilegales de la institución; lo que ha generado es una situación de confrontación social, explicó Carlos Flores, de ECOS El Salvador, en cuanto al tema de inequidad para el acceso del agua.
“ANDA ha dicho que le ha quitado a la comunidad la gestión del agua, para darla las 24 horas, pero la realidad es que, la comunidad Santa Eduviges forma parte de las estadísticas de las comunidades que reciben agua cada 15 días, actualmente. Mientras, la Ley General de Aguas es una normativa que sigue durmiendo el sueño de los justos, en la Asamblea Legislativa, pero también en el ejercicio del poder sigue como deuda pendiente y es lo que demuestran los resultados de esta investigación. La gente sigue sin tener agua, porque tenemos una ANDA, que está dispuesta y eficiente para resolver problemas de abastecimiento de agua potable que tienen las empresas, esa es la realidad”, aseveró Flores.
Sobre otros problemas surgidos durante la cuarentena domiciliar, Flores agregó, que el 12 % de la población que sufrió problemas de abastecimiento, alrededor de 217 mil personas se vio obligado a abastecerse por medio de camiones cisternas. De las cuales, ANDA cubrió el 47.9 %, proveedores privados 34.4 % y las alcaldías 16.7 %, que significó al final una combinación de altos costos para las familias.
“El 28 % de la gente que abastece de agua por pipas paga más de 20 dólares al mes, adicionales al costo de la factura de ANDA. Un gasto mensual de 20 dólares en pipa de agua por hogar le permitiría acceder -en promedio- a alrededor de 2.7 metros cúbicos de agua al mes, mientras que en el servicio de ANDA, este gasto mensual representaría un consumo de 33 metros cúbicos de agua”, manifestó.
En cuanto a la “accesibilidad” del derecho humano al agua, en el contexto de la pandemia, quedó establecido que el 9.78 % de la población de San Salvador debió desplazarse entre los 100 metros a 5 kilómetros, para abastecimiento de agua, al enfrentar problemas del sistema de cañerías.
“Los principales municipios que presentaron mayores problemas en la frecuencia del abastecimiento de agua, fue Ilopango, Tonacatepeque, Apopa, San Martín y Cuscatancingo. En donde por cada hogar que tiene una frecuencia de alta a media de agua, existen 0.6 hogares con situación de baja a crítica en abastecimiento de agua, Que refleja que más del 40 % de los hogares cuentan con un servicio de agua por menos de 8 horas”, dijo.
Sobre la “salubridad”, Flores, comentó que alrededor del 43.3 % de hogares en el Área Metropolitana de San Salvador, se vieron afectadas por “agua contaminada”, que tenía olores desagradables, colores oscuros y sedimentos, abastecida por ANDA, durante enero a febrero de 2020. Cuando las Naciones Unidas, definen el agua apta para el consumo humano como incolora, inodora e insípida.
“De acuerdo al Portal de Transparencia, ANDA ejecutó un total de 4.9 millones de dólares en el marco del Decreto Legislativo 593, del Estado de Emergencia Nacional por la Pandemia del COVID-19 19, de los cuales se destinaron 1.6 millones de dólares a la perforación y equipamiento de pozos; una compra de agua embotellada por los 450 mil dólares; así como 799,814 dólares destinado a la compra de 8 camiones cisternas para atender el AMSS, y 790,000 dólares por pago de arrendamiento de 70 camiones cisternas, y la compra por 940, 265.6 dólares de insumos de protección y prevención del personal, servicio de mensajería y transporte de personal”, señaló.
Flores consideró que este sondeo evidencia una clara violación al derecho humano al agua de la población más pobre a la que no le garantizaron su acceso, abastecimiento y sanidad del agua, a fin de proteger su salud y vida.
