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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Organizaciones defensoras de derechos humanos actualizaron datos sobre las violaciones que ha cometido el Estado en el régimen de excepción, bajo esta medida, las organizaciones documentan más de 5,400 víctimas de violaciones a derechos humanos.
Las organizaciones de la sociedad civil documentaron que 5,490 personas sufrieron vulneraciones a sus derechos fundamentales bajo el régimen de excepción. Abusos por parte de las fuerzas de seguridad con detenciones arbitrarias, acoso, amenazas, lesiones, agresiones y violaciones sexuales; así como muertes de personas bajo custodia del Estado son parte de las denuncias registradas.
La identidad de género de las víctimas es, en su mayoría, masculina (79.98%), seguida por la femenina (13.83%); también mujeres trans (0.66%) y hombres trans (0.67%). En su gran mayoría, se trata de personas jóvenes: de 19 a 30 años (53.48%), seguido por las personas de entre 31 a 59 años (33.08%).
“Estos datos revelan la estigmatización de la juventud que impacta sus posibilidades de acceder a derechos básicos como la educación, el trabajo y la salud”, destacaron las organizaciones. Justamente, en la práctica, son los jóvenes los que se ven afectados ante el acoso de las autoridades.
La mayor cantidad de personas denunciantes son mujeres. También son las quienes deben hacerse cargo de sostener económicamente el hogar, quienes deben mantener la crianza de hijos e hijas, así como reorganizar sus vidas en torno a la detención o al seguimiento de la denuncia.
El departamento de San Salvador tiene el porcentaje más alto de víctimas atendidas (38.07%), pero los registros demuestran que las vulneraciones han ocurrido en todo el país. Por otro lado, el mayor número de victimarios identificados corresponden a la Policía Nacional Civil (74.97%), seguido por las denuncias conjuntas a la policía y Fuerza Armada (14,75%) y solo a la Fuerza Armada (7.09%). Además, las fuerzas de seguridad también son acusadas de amenazar con detenciones, encarcelamientos o, incluso, perder la vida al interior de los centros penitenciarios. Las organizaciones registraron 243 de estas amenazas.
Uno de los hechos más graves y que también los medios de comunicación lo han informado, son las muertes de personas bajo la custodia del Estado, un total de 173 personas han muerto en el periodo documentado. Muchas de ellas presentaron señales de torturas, desnutrición o enfermedades crónicas sin tratamiento.
Los datos abarcan desde el 27 de marzo de 2022, fecha en que inició el régimen de excepción, hasta el 30 de junio de 2023 y corresponden a Amate, Red Salvadoreña de Defensoras de Derecho Humanos, Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Servicio Social Pasionista (SSPAS), Azul Originario (AZO) y Cristosal.
Las organizaciones hicieron un llamado al Estado para que vele por los derechos de las personas detenidas, respete y resguarde las identidades de género de las personas trans; cumpla con el debido proceso e investigue los casos de personas con enfermedades crónicas y muertes bajo su custodia. También pidieron que no se prorrogue el régimen de excepción y a la vez se diseñe y ejecute políticas de seguridad que no violenten los derechos humanos.
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