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Alessia Genoves
Colaboradora
Un 71.43% de los habitantes de San Salvador respaldaría la aprobación de leyes que prohíban la discriminación hacia las personas LGBTIQ+, según lo destaca una reciente encuesta elaborada por el Colectivo Alejandría. Adicionalmente, un 65.09% de personas LGBT cree que su participación política puede contribuir a una sociedad más inclusiva y equitativa; por lo que otro 61.98% de los encuestados votaría por candidatos LGBTIQ+ para cargos de elección popular como diputados o alcaldes.
Los resultados contrastan con la persistencia de vacíos legales, como la ausencia de una Ley de Identidad de Género y las limitaciones en la recién reformada Ley de Registro y Persona Natural, aprobada en agosto de 2024 con 57 votos a favor en la Asamblea Legislativa. Ésta última disuelve a la ley anterior y la Ley del Nombre y Persona Natural (LNPN), que fue sancionada por la Sala de lo Constitucional a favor de una denuncia de in-constitucionalidad parcial emitida por activistas LGBT, y organizaciones sociales como la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)
La encuesta
El informe “Percepción de la población general, del distrito de San Salvador, sobre la participación ciudadana de las personas LGBTIQ+, en el espacio cívico salvadoreño” destaca que el 52.47% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que las personas LGBTIQ+ enfrentan discriminación en la sociedad salvadoreña, lo que subraya la conciencia pública sobre los desafíos que enfrenta esta comunidad.
En cuanto a la participación política, el 45.45% está completamente de acuerdo en que las personas LGBTIQ+ tienen derecho a participar en la política, mientras que el 39.58% apoya su participación en partidos políticos para ser elegidos como diputados o alcaldes.
La encuesta también revela una preocupación generalizada por la falta de protección legal adecuada para la comunidad LGBTIQ+. El 40.89% está totalmente de acuerdo en que la discriminación y la violencia hacia las personas LGBTIQ+ son problemas importantes que deben abordarse en la política. Además, el 57.92% considera que las políticas y leyes actuales no protegen adecuadamente los derechos de las personas LGBTIQ+, lo que sugiere una percepción generalizada de la necesidad de reformas legales más integrales.
Situación actual de los derechos LGBTIQ+ en El Salvador
A pesar del apoyo público a los derechos LGBTIQ+, El Salvador aún enfrenta desafíos significativos en términos de protección legal para esta comunidad. El país carece de una legislación específica que reconozca y proteja el derecho a la identidad de género de las personas trans, como la ausencia de una Ley de Identidad de Género.
Aunque la Ley del Nombre de la Persona Natural fue reformada en agosto de 2024, las organizaciones LGBTIQ+ señalan que no aborda completamente las necesidades de la comunidad trans en cuanto al cambio de nombre legal.
La Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH) reporta que la falta de normativas y condiciones sociales favorables perpetúa la vulnerabilidad de las personas trans frente a la violencia.
En términos de violencia, COMCAVIS Trans ha identificado 35 homicidios contra personas LGBTIQ+ en el último quinquenio, aunque esta cifra representa una disminución respecto a períodos anteriores. Adicionalmente, AMATE El Salvador reporta que 95 personas con sexualidades diversas han sido detenidas durante el Régimen de Excepción, incluyendo 24 personas trans, lo que plantea preocupaciones adicionales sobre la seguridad y los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en el contexto de medidas de seguridad extraordinarias.
Avances y retrocesos legales
A pesar de los desafíos, ha habido algunos avances en el reconocimiento legal de los derechos de las personas trans en El Salvador. En 2022, la abogada Karla Guevara y el agente de seguridad Aldo Alexander Peña se convirtieron en las primeras personas trans en obtener un cambio de nombre legal acorde a su identidad de género, a través de resoluciones del Juzgado Primero y Tercero de Familia, respectivamente. Sin embargo, la Alcaldía Municipal de San Salvador interpuso recursos de amparo contra estas resoluciones.
“No se cuenta con una disposición en el ordenamiento jurídico salvadoreño que determine los parámetros o condiciones bajo los cuales se permita realizar dicho cambio, los cuales a su vez garanticen la seguridad jurídica de la persona”, indica la resolución de amparo.
También, advierte que el presunto registro de “dos nombres y dos géneros” “crearía una incertidumbre jurídica con relación a la identidad de la persona”, que podría evitarse “si se anulara con base al art. 24 LNPN” para “crear posteriormente una nueva partida”, según alega al demandante en la Sentencia 249-2022.
Previamente, en 2016, la misma Sala de lo Constitucional, mediante la resolución 33-2016/195-2016, había ordenado a la Asamblea Legislativa reformar la Ley del Nombre de la Persona Natural, considerando que la ley vigente establecía un “trato discriminatorio no justificado” y era “lesiva a la dignidad humana”.
Finalmente, en agosto de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos a favor la nueva Ley del Registro del Estado Familiar, que deroga la anterior LNPN. Sin embargo, las organizaciones LGBTIQ+ señalan que esta reforma no aborda completamente las necesidades de la comunidad trans en cuanto al cambio de nombre legal, lo que sugiere que la lucha por un marco legal más inclusivo y comprensivo continúa.
