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Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez
La Corte de Cuentas de la República (CCR) presentó este lunes avisos a la Fiscalía General de la República (FGR) por supuesta malversación de fondos, actos arbitrarios, falsedad material, documental agravada e ideológica, incumplimiento de deberes, apropiación o retención de cuotas laborales, tributarias, peculado y administración fraudulenta contra diez municipalidades del país por más de 9 millones de dólares destinados para diversos proyectos y emergencias, entre ellas el COVID-19.
El encargado del área de la dirección jurídica de la CCR, Carlos Quinteros, detalló que presentaron los avisos por posibles delitos de 10 municipalidades por uso inadecuado de fondos, identificados en las diferentes auditorías de la Corte, montos que fueron asignados para la pandemia, para el Fondo de Desarrollo Social (FODES), para el Fondo de Inversión Social y Desarrollo Local (FISDL), y parte de fondos propios y préstamos de 6 alcaldías de la zona occidental, 2 de la central, 1 de la paracentral y 1 de oriente.
La CCR determinó que de la procedencia de los fondos 3,307,036.46 eran para la atención de la pandemia, 2,697,473.04 del FODES, 2,831,000 de préstamos, 7,11,782.28 de fondos propios, 19, 755.88 de proyectos y 6,521.98 del FISDL.
De acuerdo a Quinteros, los más de nueve millones de dólares mal manejados corresponden a administraciones entre el 1 de mayo del 2018 al 30 de abril de 2021, sin embargo, no especificó el nombre de las municipalidades y lo justificó como que al hacerlo “sería entorpecer el proceso de la FGR”.
El pasado 11 de enero, la Corte presentó ante a la Fiscalía 8 avisos correspondientes al mismo número de municipalidades por posibles ilícitos en uso de recursos públicos entre el 1 de enero de 2016 al 30 de abril de 2021, por el monto de $2, 258,326.67 para la pandemia del COVID-19, emergencias por la tormenta Amanda y Cristóbal, asimismo del FODES y fondos propios. Un aproximado de 12 municipalidades de Nuevas Ideas fueron relacionadas a casos de impago salarial a trabajadores, por La Unidad Nacional de Organizaciones Sociales y Populares de El Salvador (UNITRASAL), entre las administraciones de Santiago de María, San Antonio del Monte, Zacatecoluca, Mejicanos, Apopa, Soyapango, Ilopango, Ciudad Delgado, Quezaltepeque, Acajutla, Sacacoyo, Mercedes Umaña, Conchagua y San Salvador.
Cabe recordar que, una de los casos que, hasta la fecha no tuvo una solución concreta fue el de los trabajadores de la alcaldía de Soyapango, en el cual los empleados aseguraron que la institución adeuda parte del pago, sufren represión por exigir su derecho a salario y tres sindicalistas fueron capturados por manifestarse.
