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Por Daniel Bosque
Barcelona/AFP
El presidente de Cataluña defendió este miércoles el derecho de los pueblos a decidir, purchase illness desoyendo la suspensión judicial de la consulta independentista del domingo, prescription cialis sale que agrava su pulso con Madrid en lo que algunos constitucionalistas consideran «desobediencia civil».
A cuatro días de esta votación que mantiene en vilo a la sociedad catalana, el presidente nacionalista Artur Mas confirmó su determinación de celebrarla si bien ello conllevaría desobedecer la suspensión decretada el martes por el Tribunal Constitucional y desencadenaría una crisis entre poder central y Cataluña de una magnitud sin precedentes desde la transición a la democracia tras la muerte de Franco en 1975.
«Estamos defendiendo un derecho natural, que es el derecho de cualquier pueblo a decidir. Todos los pueblos tienen el derecho de decidir su futuro», declaró Mas, líder de la coalición nacionalista conservadora CiU.
Comprometido desde 2012 a celebrar este escrutinio, Mas impulsó esta votación sin valor jurídico después de que el gobierno español bloqueara jurídicamente una consulta convocada hace un mes utilizando un mecanismo de impugnación al Tribunal Constitucional que implica la suspensión inmediata de la votación incluso antes de que los magistrados diriman su legalidad.
Argumentando que la ley no permite a una región pronunciarse sobre la unidad de España, el ejecutivo central del conservador Mariano Rajoy utilizó este mecanismo para bloquear esta nueva consulta, lo que llevó al ejecutivo catalán a denunciarlos ante el Tribunal Supremo por atentar contra la libertad ideológica y el derecho a la libertad de expresión.
«Con el objetivo de proteger estos derechos y de que la ciudadanía de Cataluña se pueda expresar y dar su opinión el 9 de noviembre. el gobierno ha de mantener este proceso de participación», insistió el presidente regional catalán.
Bautizada como «proceso de participación ciudadana», esta votación estará organizada por 41.000 voluntarios coordinados por el gobierno catalán, no se ampara en ninguna ley, no tendrá censo previo –se creará en el momento de votar– y no será supervisada por ninguna junta electoral.
Dados estos factores, el resultado difícilmente tendrá un valor definitivo, reconoció el propio presidente subrayando que «no es un referéndum» pero «tiene mucho valor político».
Por ello, su ejecutivo habilitará 6.695 mesas electorales en 942 de los 947 municipios regionales para que los 5,4 millones de catalanes mayores de 16 años puedan responder la doble pregunta «¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?».
Pero según los especialistas consultados por la AFP, esto llevaría a la administración catalana a cometer «desobediencia civil».
«Si se abren colegios para votar y si los funcionarios colaboran» en la organización pueden cometer desobediencia civil, un delito penal que podría implicar una inhabilitación para la función pública, dice Eduardo Virgala, profesor de derecho constitucional en la Universidad del País Vasco.
«Da igual como lo llame: proceso, fiesta pública o sardana, ha montado unas urnas y está haciendo una pregunta sobre la cual [Cataluña] no tiene competencia», coincide la jurista constitucional Yolanda Gómez. «Si siguen adelante eso es desobediencia civil», agrega.
Pero aunque está en su derecho, el día 10 de noviembre Rajoy tendrá todavía «un problema político de primer orden», con esta región nororiental de 7,5 millones de habitantes y una quinta parte de la riqueza nacional, dice Virgala.
Por ello, como otros especialistas, apostó por «una solución política» que podría pasar por una reforma de la Constitución de 1978.
Orgullosos de su lengua y su cultura propias, los catalanes han abrazado progresivamente la causa independentista desde que el Tribunal Constitucional, tras un recurso del Partido Popular de Rajoy, les privó en 2010 del estatus de «nación» reconocido en un estatuto de autonomía aprobado en referéndum en 2006.
La crisis económica posterior que empobreció notablemente el país y los múltiples escándalos de corrupción dieron alas al independentismo, reflejado en las masivas manifestaciones de los últimos años.
Una prohibición de la consulta del domingo podría tensar todavía más el ambiente y dar el poder en la región a los que hasta ahora eran los principales aliados de Mas, los independentistas de izquierdas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que desean declarar la independencia unilateralmente.
