El inciso segundo del artículo 172 del Código Electoral, sobre el Derecho de Propaganda, dice textualmente: “La propaganda electoral constituye un derecho de los partidos políticos o coaliciones debidamente inscritos.
Cerrado el periodo de inscripción de candidatos y candidatas, el derecho a hacer propaganda corresponde únicamente a los partidos políticos o coaliciones contendientes, pudiendo hacerse por todos los medios lícitos de difusión…”.
Mientras que el último inciso del artículo 173, referente a las prohibiciones, dice: “Queda prohibido realizar pintas de cualquier tipo de propaganda electoral en todos los lugares públicos del territorio nacional. En las áreas urbanas de los municipios la pega de afiches se cerrará a las doce horas del último día hábil de propaganda”.
El artículo 179, que registra otras prohibiciones dice: “…El Tribunal ordenará que se quite o borre cualquier propaganda que contravenga lo dispuesto anteriormente…”.
Está claro, por efectos de ley, en primer lugar, que a todos los partidos políticos les asiste el derecho de hacer propaganda, y, segundo, que solo el Tribunal Supremo Electoral puede prohibir u ordenar quitar o borrar la propaganda política electoral.
Lo anterior significa que la ordenanza municipal de la alcaldía de San Salvador, de prohibir, y, sobre todo, mandar a quitar la propaganda electoral, fue un acto ilegal, y además, usurpó roles que solo le competen a la máxima autoridad electoral, el TSE.
Ahora bien, más allá de las motivaciones que llevaron al alcalde municipal de San Salvador Nayib Bukele, lo importante es que el TSE resolvió de forma unánime y diligente. La queja la interpusieron los partidos políticos, entre estos, el partido de Gobierno, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Es preciso destacar también que hasta el momento, y gracias a que la ley prohíbe la pinta y pega, la propaganda electoral es vistosa, y le pone un ambiente festivo a la campaña.
Debemos esperar que cada partido político respete la propaganda del otro, y que esta se apegue a lo permitido por la ley.