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Por Leonel Herrera*
La difusión de la pieza propagandística de la última cadena nacional de medios confirma la obsesión gubernamental por sustituir la realidad con propaganda y promover ilusiones en lugar de verdaderas soluciones a los problemas estructurales del país.
No pretendo desmentir aquí cada una de las mentiras y medias verdades del spot publicitario de Casa Presidencial. Para eso recomiendo la lectura de esta excelente nota de verificación del medio digital Voz Pública, que detalla las afirmaciones falsas, engañosas y descontextualizadas del fantasioso relato oficial presentado como “un mensaje importante a la nación”.
https://vozpublica.net/2025/01/06/factchecking-el-salvador-bukele-cadena-nacional/
Mi propósito es sólo valorar críticamente algunas generalidades del referido relato gubernamental.
En tal sentido, considero risible presentar como logro de la gestión gubernamental la instalación de la “villa navideña” del Centro Histórico de San Salvador, la realización del concurso “Miss Universo” y otras acciones cosméticas que no aportan a la mejora de las condiciones de vida a la población y sólo evidencian una estrategia circense de mantener entretenida a la población para hacerla evadir su realidad.
Verdaderos logros nacionales serían, por ejemplo: reducir la pobreza, disminuir la concentración de la riqueza, crear nuevos empleos, aumentar los salarios, incrementar la inversión en educación, mejorar la atención en salud, llevar servicios básicos a las comunidades, aumentar la producción alimentaria, reducir el alto costo de la vida, crear un sistema de pensiones dignas, revertir la regresividad tributaria y reducir el deterioro ecológico.
Detrás del cansino discurso propagandístico se esconde una gran verdad: el bukelato no tiene logros que presentar y, más allá del cacareado logro en seguridad, no tiene avances para mostrar. Lo que esconde la narrativa gubernamental es una estela de retrocesos nacionales en diversos ámbitos políticos, sociales, económicos y ambientales.
Los propios datos oficiales confirman el aumento de -al menos- un 5% de la pobreza y la caída estrepitosa de la mayoría de indicadores sociales. La falta de transparencia, el despilfarro y la corrupción son descomunales. Y el desmedido endeudamiento público para amortiguar la crisis de las finanzas públicas, en vez de una reforma tributaria progresiva, es la señal más clara del agravamiento del desastre de país que enfrentamos.
A pesar de tener el control de todos los poderes estatales, incluido el legislativo, el bukelismo no ha aprobado ninguna de las medidas que antes no tenían correlación, sobre todo impuestos para los más ricos y la desprivatización de las pensiones.
En cuanto entró a la presidencia, Bukele se desdijo de la retórica progresista de cuando militó en el FMLN y se alineó con los intereses oligárquicos. Su gobierno está al servicio de los Kriete, Calleja, Dueñas, etc.; mientras mantiene una ofensiva contra los sectores populares y capas medias que se expresa en los despidos de empleados estatales, desalojo de comerciantes, nuevas multas y acoso fiscal contra profesionales, emprendedores y los micro, pequeños y medianos empresarios.
Este gobierno es aporofóbico, es decir, odia a los pobres. Para Bukele y sus secuaces, los pobres estorban, afean el paisaje urbano, empañan las luces y, por tanto, hay que desalojarlos o llevarlos presos con el régimen de excepción.
Finalmente, el maravilloso spot que resume los “logros del 2024” se vuelve grotesco cuando presenta como algo positivo el desmantelamiento de la prohibición de la minería y la reactivación de los tenebrosos proyectos extractivos. La actividad que podría ser el acabose nacional es presentada como la solución a los problemas económicos.
¿Hasta cuándo el gobierno seguirá estirando la pita propagandística y cuándo la realidad terminará imponiéndose? El amplio rechazo social frente a las pretensiones mineras muestra que la gente no está dispuesta a tragarse todos los cuentos de Bukele.
Según la encuesta de la UCA publicada el pasado 23 de diciembre, horas antes que la bancada oficialista aprobara la ominosa nueva ley minera, el 60% de la población considera que el país no es apropiado para hacer minería metálica, el 70% cree que los proyectos mineros dañan el medioambiente, el 94% no desea trabajar en minería y el 95% piensa que es peligroso vivir cerca de una mina.
La minería también es rechazada por la Iglesia Católica y las iglesias históricas, la Universidad de El Salvador, las organizaciones ambientalistas, los académicos y los expertos en hidrología, geología y otras áreas científicas.
Sin quererlo, Bukele finalmente está creando un verdadero movimiento de resistencia. Ojalá este movimiento apure su paso, porque el país no aguanta más propaganda y necesita soluciones reales a los problemas estructurales.
*Periodista y activista social.
