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Por Laurence Boutreux/Palma de Mallorca/AFP
La hermana del rey de España Cristina de Borbón y su marido, Iñaki Urdangarin, volvieron a sentarse este martes entre los acusados en un juicio por presunta malversación, cuyo primer imputado rememoró un episodio de amigos que juegan al pádel y después concluyen «acuerdos» millonarios sin licitación.
Cristina de Borbón, de 50 años, segunda hermana de Felipe VI, y su marido Iñaki Urdangarin, de 48, habían llegado por la mañana al tribunal de Palma de Mallorca, en las mediterráneas islas Baleares.
Durante tres semanas, deberán sentarse en el banquillo para sus propias declaraciones y las de los otros 15 acusados en el primer juicio por presunta corrupción contra miembros de la familia real española.
Empresas pantalla, falsas facturas, contratos inflados, empleos ficticios son, según la acusación, los ingredientes de un escándalo que hundió la imagen de la Corona, contribuyendo a la abdicación de Juan Carlos I el 2 de junio de 2014 a favor de su hijo Felipe VI.
Al mando de una entidad sin ánimo de lucro, el Instituto Nóos, Urdangarin, exmedallista olímpico de balonmano, y su socio Diego Torres están acusados de malversar cerca de 6 millones de euros pagados entre 2004 y 2007 por los gobiernos regionales de Baleares y Valencia.
El primer acusado en declarar fue un antiguo amigo de Urdangarin, Cristina y Felipe: José Luis Ballester, más conocido como Pepote, campeón olímpico de regatas en Atlanta-1996 y director general de deportes del gobierno balear de 2003 a 2007.
Incómodo por su condición de «arrepentido», comenzó explicando por qué desde 2010 decidió colaborar con la justicia a cambio de una reducción de pena. Quería dar a «conocer su verdad», afirmó, mientras «otros continuaban con sus mentiras».
Conoció a Urdangarin en sus años de juventud y gloria, antes de que ambos obtuvieran sus medallas olímpicas. Después, cuando Ballester trabajaba para el gobierno regional y el yerno de Juan Carlos I presidía Nóos, negociaron sus primeros contratos junto al entonces presidente de Baleares, Jaume Matas.
‘Presupuesto ficticio’
Este martes, Ballester detalló como Matas, exministro del conservador José María Aznar y ya condenado en otro caso de corrupción, decidió atribuir contratos públicos sin licitación a Nóos para complacer a Urdangarin.
«¿Dónde se reunían?», le preguntó el fiscal. «En el palacio de Marivent», residencia de verano de la familia real en Palma, respondió. «¿Jugaron al pádel y después hablaron?», inquirió el fiscal. «Efectivamente».
Urdangarin obtuvo contratos de oro para Nóos, como la organización de un congreso de dos días sobre turismo y deporte por 1,2 millones de euros.
«Un precio completamente desproporcionado» basado en un «presupuesto ficticio», según la fiscalía, para quien Urdangarin y Torres crearon Nóos con la «única finalidad» de «rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas».
Con semblante serio, Matas escuchó desde el banquillo la declaración de su antiguo subordinado.
Según Pepote, al entonces presidente balear tomaba él solo unas decisiones que después eran validadas en falsas reuniones de un supuesto comité de dirección. «No se celebraba ninguna en realidad», aseguró.
«Era una manera de vestir el santo, de dar forma a los acuerdos» cerrados entre Matas y Urdangarin, explicó.
Según la acusación, el dinero recibido por Nóos después «acababa en manos de las (empresas) mercantiles controladas por Diego Torres e Iñaki Urdangarin».
Una de esas empresas, Aizoon, propiedad al 50% de la infanta, habría financiado gastos personales de Cristina y su esposo, como lujosos viajes, fiestas o cursos de baile, todo un escándalo en una España asfixiada por años de crisis.
Urdangarin y Torres están acusados de prevaricación, malversación, fraude, delito fiscal, tráfico de influencias, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo. El fiscal pide 19,5 años y 16,5 años de cárcel respectivamente.
Doce testigos deben declarar antes que ellos. Cristina será interrogada en último lugar, previsiblemente el 26 de febrero.
El juicio, iniciado el 11 de enero, estuvo suspendido varias semanas, tiempo en que las tres magistradas decidieron que la infanta debía efectivamente ser juzgada como «cooperadora necesaria» en dos delitos de fraude fiscal.
Apartada hace años de todos los actos oficiales de la casa real y despojada por su hermano de su título de duquesa de Palma, se enfrenta ahora a una petición de ocho años de prisión.
