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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
En el año de 1989 llegó a manos de la directora de Tutela Legal del Arzobispado María Julia Hernández y su equipo de abogados la denuncia de una masacre en el municipio de Meanguera, Morazán.
Era el caserío El Mozote y sitios aledaños, las víctimas que llegaron al principio fueron pocas en denunciar, primero, por la lejanía del lugar a San Salvador, otras porque huyeron hacia Honduras y Nicaragua para salvar sus vidas y, la más frecuente, por el miedo a denunciar, recordó Ovidio Mauricio González, coordinador de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, en entrevista exclusiva con Diario Co Latino.
¿Cómo inician este trabajo de levantamiento de testimonios?
-Logramos contactar a Rufina Amaya (sobreviviente de El Mozote), una testigo que había mantenido su declaración y hasta su fallecimiento la sostuvo. Y era que el ejército asesinó a toda esta población.
Ella narró cómo sus hijos le gritaban “mamá nos están matando”, porque reconoció la voz de sus hijos, entonces fuimos recogiendo esos testimonios con mucha ilusión por investigar el caso, pero también con esa impotencia de no poder hacer mucho, en ese momento histórico.
Recuerdo cómo la gente se quebraba durante sus declaraciones y cuando les preguntábamos si estaban dispuestos a presentar la denuncia, nos respondían que no, entonces decidimos comenzar a trabajar desde un proceso psicológico y así lograr que las víctimas dieran a conocer este caso tan grave.
¿Cuándo logran estos testimonios en firme para la denuncia?
-Avanzamos con seis víctimas sobrevivientes, que dijeron estar dispuestas a denunciar, fue así que en el año de 1990 presentamos la denuncia. Fue toda una lucha titánica contra el Órgano Judicial, en esa época el presidente de la Corte Suprema de Justicia Mauricio Gutiérrez Castro era fiel apoyo de la derecha en dimensión partidaria, Gobierno y el Ejército, lo que no nos permitía avanzar con la denuncia.
¿Cómo se logra salir de ese atolladero judicial?
-Fue en 1992, luego de la firma de los Acuerdos de Paz, se conforma la oficina de las Naciones Unidas en el país, “ONUSAL”, que verificó el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, y fue la entidad que nos apoyó a convencer a los funcionarios del Órgano Judicial y otros funcionarios de Gobierno, para retomar la investigación.
En este tiempo fue Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador el que impulsó ese proceso bajo la dirección de María Julia Hernández, fundadora de esta oficina y fue quien puso todo su esfuerzo para abrir e investigar el caso. En ese momento no habían otras organizaciones que apoyaran este caso.
Y fue el primer caso en que se logró traer a antropólogas forenses para la prueba científica de las exhumaciones, identificación de los restos y la determinación si fue un hecho criminal o combate, pero los resultados presentaron la gravedad del hecho contra la población.
¿Cómo inician las exhumaciones en El Mozote?
-La primera exhumación se hizo en el lugar conocido como El Convento, que arrojó una prueba contundente, donde se encontraron 136 restos óseos, de los cuales 6 eran de adultos y el resto eran niños y niñas menores de 12 años, y dos mujeres embarazadas cuyos fetos se encontraron en sus cuerpos. Lo que comprobó que nunca hubo allí un combate, que todos eran población civil desarmada. Y que los niños y niñas no pudieron empuñar un arma y participar en el supuesto combate que alegan los militares.
¿Cómo afectó la Ley de Amnistía a la masacre de El Mozote?
-Era 1993, emiten la Ley de Amnistía, argumentando que era en busca de la paz -pero no era así, era callar los hechos, meterlos debajo de la alfombra- (…) así que tuvimos que luchar contra esa ley. No obstante, eso no nos impidió realizar algunas exhumaciones con el equipo de peritos de Argentina, fueron alrededor de cinco etapas que se hicieron esos años, prácticamente se hizo una cada año. Cada una de ellas demostraba la misma situación de personas masacradas de la población civil.
El juez de la causa en septiembre de 1993 decide aplicar la Ley de Amnistía y nos cierra toda la posibilidad de seguir con el juicio, de buscar justicia, de conocer la verdad. María Julia nos reúne a todos los que conocíamos el caso jurídicamente y nos dijo: ‘vamos a impulsar el proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)’.
¿Cuáles fueron los resultados de esta petición de justicia internacional?
-La CIDH admite el proceso y tuvo sus resultados allá por el año 2010. Que da a conocer su informe de fondo condenando al Estado salvadoreño, y a la vez, envía el proceso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que en el año 2012 emite esta sentencia que ha dado lugar a este tipo de reparaciones y que obliga al Estado a que se conozca la verdad y se haga justicia en el caso de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños.
¿Cuál ha sido la evolución de las víctimas en el proceso judicial?
-Hay una evolución significativa de las víctimas, muchas hablan con soltura y si las comparamos a 1989, es un cambio importante, antes ni la cédula nos querían prestar, para tomar sus datos personales para identificarlos, ese tiempo fue difícil por el temor a declarar los hechos que vivieron. Ahora son más positivos, exigen justicia y quieren que aclaren la verdad de los hechos donde perdieron a sus familias y su reafirmación que no vuelvan a repetirse estos hechos de violencia. Y como el equipo original de abogados que acompañamos a las víctimas ahí estaremos con ellos, hasta que obtengan justicia, eso será histórico y se lo merecen.
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