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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Es difícil para mí hablar de esto, las heridas están abiertas, pero resulta que el 13 de mayo de 1980 fueron víctimas centenares de personas de distintos municipios de Chalatenango, en un operativo de Tierra Arrasada, por el único delito que vivíamos en nuestros lugares de origen y ser campesinos y campesinas”, recordó Miriam Ayala, sobreviviente de la Masacre del río Sumpul, frontera natural entre El Salvador y Honduras.
En su testimonio señaló que a sus 13 años, tuvo que experimentar una situación límite que cambiaría su vida para siempre. Eran las seis de la mañana, nublada y lluviosa, cuando irrumpió un combinado de soldados de la Fuerza Armada (FAES), la Guardia Nacional (GN) y paramilitares de la Organización Nacional Democrática (ORDEN).
Los sobrevivientes de los asesinatos de la población que residían en el caserío Los Ortiz, alertaron a la familia de Miriam, quienes huían para salvar sus vidas y les advirtieron que “venían los soldados matando al que hallaran en el camino”, que fue la señal de huida de Miriam, junto a su hermana mayor Emilia, de 15 años de edad, y quien perdió su vida en el río Sumpul, que estaba crecido por la la estación lluviosa.
“Fuimos perseguidos desde las 6 de la mañana, aquí están algunos sobrevivientes de esa masacre y otras masacres, y somos testigos de la realidad que no fue una farsa -como dice el gobierno-. Fue una realidad que vivimos en carne propia y nos indigna que a estas alturas la única pensión de 15 dólares, la quitó este gobierno del presidente Nayib Bukele, y nos indigna porque hay mucha gente que no tiene ni donde sentarse y es sobreviviente”, remarcó.
“Fue un operativo muy doloroso, mataron niños, mujeres y ancianos y fuimos perseguidos, fueron 600 personas asesinadas, buscando salvarse, iban desde San Miguelito pasando por Los Calles, Sicahüite, Los Naranjos hasta Las Aradas, donde fue la masacre. Y en todo el camino hubo muertos, porque no aguantaban caminar, fue un día muy lluvioso y la gente llevaba los pies lastimados. Yo dejé las yinas perdidas y me tocó a chuña (descalza) huyendo y unas mujeres dieron a luz en esos cerros, conozco una que vive en Las Vueltas, fue doloroso”, narró Ayala.
El cantón Las Aradas, del municipio de Ojos de Agua, Chalatenango, se convirtió de inmediato en el lugar de reunión y refugio para la gente que huía, que era un accidentado camino a campo traviesa de tres horas, cuando llegó con parte de su familia para un descanso momentáneo, sin embargo, no perdió de vista que al otro lado del Sumpul, el ejército hondureño copaba sus márgenes en su lado, lo que provocó un “mal presentimiento” al considerar que algo andaba mal con la presencia de ambos ejércitos.
“Acabábamos de llegar, supuestamente a descansar, cuando se oyó la gran balacera entonces fue: sálvese quien pueda, y es por esto que me indigna que digan que esa masacre no ocurrió o que es falsa, porque allí la mayoría de gente que murió se ahogó en el río Sumpul porque estaba caudaloso por las lluvias”, expresó.
“No habían armas, solo población civil, niños, mujeres y ancianos, allí quedaron tirados. En la misma sofocación salté sobre varios y no los volví a ver. Y hubo mujeres embarazadas que les pasaron los cuchillos (los soldados) que les sacaron los niños y los tiraban de una vez al río y a las mamás las mataron”, reseñó Ayala .
Han pasado 42 años desde esa masacre y la justicia es aún una “deuda latente” , para las víctimas sobrevivientes y mártires, al que se suma el gobierno actual, explicó Felipe Tobar, presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Sobrevivientes del Sumpul.
Tobar agradeció a las instituciones que han acompañado el proceso como: CRIPDES, Cáritas El Salvador, CCR, ACISAM, Pro Búsqueda y CORDES, que han venido apoyando el tema de justicia y Memoria Histórica, con los sobrevivientes y la búsqueda de honrar la memoria de sus mártires en esa matanza.
“A 42 años de la Masacre de El Sumpul, sobrevivientes y familiares seguimos demandando justicia y reparación . Y lamentamos la negativa de las instituciones de gobierno que no han agilizado los procesos para investigar la verdad de los hechos así es que, seguimos en pie de lucha”, dijo.
Y agregó “Quiero agradecer a todos las organizaciones por su apoyo previo a la conmemoración este 13 y 14 de mayo, así como por los encuentros intergeneracionales con jóvenes estudiantes con la finalidad que ellos conozcan la historia de aquellos tiempos y con la idea de concienciar para que no vivan lo que nosotros vivimos, y es una tarea no solo como Comité Sumpul, sino como padres de familia”, mencionó Tobar.
Ante la justicia denegada desde 1992, luego de interponer una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, y más de cuatro décadas desde la firma de los Acuerdos de Paz, la Asociación Sumpul demandó acceso a la justicia, verdad, reparación moral y material, cuya retardación preocupa a los sobrevivientes de la guerra, por el “clima político” que por ahora impera en el país.
“Este clima política donde persiste la persecución política, el acoso a los medios de comunicación y la militarización afecta la convivencia de nuestras comunidades fronterizas y la impunidad institucionalizada es motivo de incertidumbre para las organizaciones sociales y de derechos humanos”, afirmó Miriam Alas.
Cecilia Pocasangre, psicológa de ACISAM, que es una organización de Salud Mental que se encuentra acompañando a la Asociación Sumpul y brindando todos los esfuerzos con las personas sobrevivientes y la memoria histórica en Chalatenango, admitió la “urgente necesidad” de dar atención a esta población de manera integral y sostenida.
“Vemos importante y necesario mencionar que este tipo de violaciones de derechos humanos y de lesa humanidad generan trauma en las personas y genera una reacción de estrés post traumático. Este tipo de estrés no ha tenido ningún respuesta sostenida por ninguno de los gobiernos y se intentó hacer algo, pero no fue sostenido en el tiempo, ni efectivo”, acotó.
“Todavía, a 42 años de los sucesos, existe el dolor que viven los sobrevivientes que es muy grande y los efectos son transgenaracional y culturalmente que también incluye a los hijos, hijas, nietos y nietas que están afectados de esta violaciones a los derechos humanos”, argumentó.
Tras recalcar que es de suma importancia impulsar programas de salud mental a la población. Nosotros como organizaciones sociales y organizaciones internacionales que apoyamos estas iniciativas hacemos lo que nos toca, pero el actor fundamental, que es el gobierno, pues no lo está haciendo, entonces, es importante que en este momento se retome y se haga algo por las víctimas”, puntualizó Pocasangre.
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