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Gloria Silvia Orellana
@RedacciónCoLatino
“El proceso judicial de la Masacre de El Calabozo está aún en la etapa de instrucción o investigación a 40 años de ocurrido, lo cual es lamentable, que por la Ley de Amnistía este caso no se abrió por 23 años, hasta que lo ordenó la Sala de lo Constitucional (CSJ) en el año 2016”, afirmó en sus declaraciones el abogado de CRISTOSAL, David Morales.
Los testimonios de las víctimas sobrevivientes coinciden que el operativo militar contra la guerrilla ese 22 de agosto de 1982, inició en los Cerro de San Pedro, que tuvieron que correr para proteger sus vidas y que los soldados los atacaron y terminaron con la vida de alrededor de 200 personas.
La masacre El Calabozo fue consignada por la Comisión de la Verdad, en su Informe de la Locura a la Esperanza, documento público, luego de la firma de los Acuerdos de Paz, en enero de 1992. El informe describe un amplio operativo militar contra insurgente que terminó con la vida de civiles inocentes.
Los perpetradores de este crimen de Lesa Humanidad fueron elementos de los batallones Atlacatl, Belloso y DM-1 , que exterminaron a la población en su mayoría mujeres, niñas y niños, en el cantón Amatitán Abajo, municipio de San Esteban Catarina, San Vicente, a 70 kilómetros de San Salvador.
David Morales comentó que esperan que 17 personas rindan sus testimonios en el Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián, San Vicente, luego que la Fiscalía General de la República requiriera la captura de ex jefes militares por su responsabilidad directa con el Crimen de Guerra.
“El caso se trata del exterminio de 200 personas entre mujeres, niños, niñas en su mayoría, y es exactamente en este lugar en que nos encontramos en las orillas del río El Calabozo, que fueron masacrados por tropas del Batallón Atlacatl, principalmente fue un operativo fue muy grande que llamó Mario Azenón Palma”, comentó Morales.
Asimismo, Morales señaló que fue un operativo de “exterminio” desde su primera etapa en los cerros San Pedro, que culminó con el ataque a los civiles en El Calabozo, para luego cruzar hacia al Sur de San Vicente.
“El propio ministro de la Defensa Guillermo García, dio declaraciones sobre esto a la prensa -presentándose en el lugar- , y pasando revista de sus tropas, entonces, fueron operativos en donde se dieron órdenes, preparativos y ejecución desde el más alto mando militar, por lo tanto, es injustificable seguir protegiendo a criminales de guerra porque son crímenes Lesa Humanidad”, manifestó.
En cuanto a los exjefes militares de los cuales requirió la Fiscalía su captura se encuentran: José Guillermo García (exministro de Defensa); al Sigefredo Ochoa (excomandante del M2); a Miguel Méndez, (excomandante del Batallón Belloso); a Rafael Bustillo (exjefe de la FAES), y otros comandantes como Domingo Monterrosa que participaron de la perpetración de la masacre pero que ya murieron.
Morales lamentó que este sea un proceso muy difícil porque los “perpetradores o victimarios aún gozan de la protección del Estado”, al reseñar como el proceso al acceso a los archivos militares históricos ha sido imposible.
“Recordemos, que ya el propio presidente (Nayib) Bukele y el ministro Francis Merino bloquearon el acceso a los archivos de El Mozote e impidieron el acceso del Juez (Jorge Guzmán), para revisar archivos de las unidades militares. Ahí encontramos un patrón sistemático de negación de información o de enviar información que no es útil cuando los jueces o la fiscalía requieren de documentos militares”, explicó.
Por lo que pidió en nombre de las víctimas y sobrevivientes, a no seguir “bloqueando ni nieguen el acceso a documentos militares” que serían bitácoras o los planes de la época que terminaron en masacres y exterminios de grandes poblaciones como El Mozote y sitios aledaños, a las que suman El Calabozo, La Quesera entre otras que consideró respondieron a una política militar deliberada de exterminio de población civil.
“A las disposiciones del Tribunal (Juzgado de Primera Instancia) le pedimos a la Fuerza Armada de El Salvador, al ministro de Defensa, Francis Merino, y, al presidente Nayib Bukele como comandante de las Fuerzas Armadas, a que colaboren con las investigaciones”, afirmó.
Y agregó, que esta acción de ocultar estos documentos militares era una posición política de la Fuerza Armada y del actual gobierno que al igual a los anteriores niegan la justicia a los sobrevivientes y las víctimas de la masacre El Calabozo y otros casos similares.
“Esta posición favorece a los militares, sin embargo, creemos que la prueba testimonial si es fuerte, ya hubo inspecciones en el lugar y se están tomando declaraciones de algunos sobrevivientes, esperando nuevas audiencias programadas en los próximos días, porque la existencia de la masacre está muy clara”, puntualizó Morales.
