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@Androhz
“Entraron violentamente, healing derribando el portón y asesinaron a los muchachos y al padre Octavio Ortíz. Después estuvieron dos horas, impidiendo que no entrara nadie, ni siquiera Monseñor Romero”, recuerda el padre y crítico social José María Tojeira.
Posteriormente, los verdugos subieron a las víctimas al tejado y les pusieron rifles en las manos. Luego un tanque pasó por encima de la cabeza del Padre Octavio Ortíz Luna, dejándolo irreconocible.
Monseñor Oscar Arnulfo Romero, en la misa de los funerales, dijo: “El padre Octavio murió con el rostro destrozado. En la funeraria trataron de arreglarlo, pero no pudieron dejarlo como era antes. Octavio ya se transformó porque ofreció su rostro a Cristo”.
En esa época se inició la guerra civil en El Salvador, producto de muchas injusticias sociales y persecución a los que salían en defensa de los pobres; conflicto que se extendió por 12 años más, culminado con los Acuerdos de Paz en 1992.
El pasado 20 de enero se cumplieron 35 años de la masacre en “El Despertar”, un centro de retiro religioso en San Antonio Abad, San Salvador, donde fueron asesinados el Padre Octavio Ortíz Luna y cuatro estudiantes catequistas que se encontraban con él.
Los cuatro jóvenes eran Ángel Morales, David Caballero, Jorge A. Gómez y Roberto A. Orellana, quienes iniciaban su formación en doctrina social y cristiana de la iglesia para posteriormente servir a la población a favor de los más pobres.
Es por eso que en la parroquia de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), se celebró una misa en conmemoración de las víctimas, oficiada por el padre José María Tojeira, junto a miembros de la comunidad estudiantil.
Según el padre Tojeira, en esa época los jóvenes sufrían una intensa persecución al ser acusados de formar parte de movimientos subversivos y organizarse en contra del gobierno, dominado por una dictadura militar.
De la muerte de los jóvenes y el sacerdote se responsabilizan al General Federico Castillo Yanes, Ministro de Defensa en aquel entonces; al Coronel Antonio López, Director de la Policía Nacional (PN) y al Director de la Guardia Nacional, Coronel José Antonio Corletto.
En 1994 se dio a conocer la “Ley de Amnistía” que protege a los que cometieron delitos y asesinaron a gente inocente durante los años intensos de la guerra en El Salvador, dejando a esta y otras masacres, mucho más representativas, en la impunidad. Años después, en 2008, las Comunidades Eclesiales de Base en El Salvador (CEBES) y la Fundación Hermano Mercedes Ruiz (FUNDAHMER) pidieron formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigara el caso.
Sin embargo, y pese a que el ahora Procurador de Derechos Humanos David Morales, abogado de FESPAD y representante legal del caso en ese entonces, ni la Fiscalía ni la PDDH, han retomado el proceso para que los culpables purguen castigo.
