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Quito/Prensa Latina
Siete hombres con uniformes militares fueron hallados muertos hoy en la parte trasera de una camioneta en Ecuador, hecho que tuvo lugar mientras rige en esta nación un estado de excepción.
La masacre ocurrió en un sector rural a las afueras de la localidad Joya de los Sachas, en la provincia amazónica de Orellana, donde rige un toque de queda nocturno.
No obstante, en el horario de la noche se escuchó una balacera, señaló el jefe de la Policía en Orellana, Henry Coral, en una rueda de prensa.
Según comentó, detrás del crimen puede estar alguna banda criminal, aunque no dio nombres y aseguró que las investigaciones continúan.
Las siete víctimas vestían ropa militar similar a la utilizada por las Fuerzas Armadas, sin embargo, esa institución aseguró en un comunicado que ninguno pertenecía a sus tropas.
De acuerdo con la nota oficial del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en el área encontraron tres armas de fuego tipo fusil de assalto, dos armas largas de fabricación artesanal, dos alimentadoras con munición 5,56 milímetros, una pistola nueve milímetros, y cuatro mil 350 municiones calibre nueve milímetros.
Al declarar a inicios de enero la existencia de un conflicto armado interno contra el crimen organizado, el presidente Daniel Noboa identificó 22 grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes.
De esa forma, el mandatario abrió una puerta legal para que militares y policías actúen con todos sus recursos para neutralizar a los delincuentes.
El jefe de Estado ha ratificado en varias ocasiones su respaldo a la labor de los agentes del orden, aunque existen denuncias de ciudadanos y organizaciones civiles de presuntas violaciones de derechos por parte de uniformados.
El más reciente balance divulgado por el Ejecutivo señala que en 50 días de operaciones la cantidad de detenidos llegó a 10 mil 569, de ellos 268 aprehendidos por presunto terrorismo.
A medida que aumenta la cantidad de detenidos crecen las dudas sobre dónde se encuentran y cuántos han sido procesados legalmente.
Datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) citados en el diario La Hora indican que solamente 494 de los más de 10 mil detenidos tienen un proceso legal en marcha, es decir, el cinco por ciento.
