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Redacción Nacionales
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El expresidente de la República, Mauricio Funes, reveló, a través de sus redes sociales que una empresa de telefonía sobornó a diputados de derecha para que promovieran un decreto de aumento del cargo básico que cobraban las telefonías; ya que dicho aumento requería de aprobación legislativa. Esto según Funes sucedió durante su quinquenio y que el FMLN se opuso.
“La empresa Claro, propiedad del multimillonario Carlos Slim, decidió sobornar a todos los diputados de derecha con dos millones de dólares. El dinero del soborno lo proporcionó el secretario privado de CAPRES (Casa Presidencial), Francisco Cáceres, de fondos de la partida de gastos reservados”, comentó Funes.
El exmandatario aseguró que la persona que recibió el dinero y lo entregó a los diputados fue Gerardo Cáceres, tío de Francisco Cáceres “quien además de tener una buena relación con el PCN, el PDC y algunos en ARENA tenía también relaciones empresariales con Claro además de una fuerte influencia en su sobrino”.
“Por esta operación tanto Francisco Cáceres como su tío recibieron una comisión de parte de Claro. No sé si el dinero fue reintegrado o no a CAPRES, pues cuando supe de esta ilegalidad ya no era presidente. Lo cierto es que esto demuestra el mal uso que hizo Cáceres de esa partida”, destacó el expresidente, quien reside en Nicaragua, y en el país se le siguen varios procesos judiciales por supuesta corrupción.
A través de redes sociales Funes aclaró que Francisco Cáceres, su secretario privado, quien presuntamente es testigo criteriado en su contra, tenía margen de maniobra para disponer de fondos de los gastos reservados.
“Algunos han respondido a la revelación que hice sobre lo que según ellos autoricé como presidente. Primero, aseguran que el secretario privado no puede tomar dinero de CAPRES sin mi autorización. Están equivocados, el presupuesto de CAPRES era manejado por Cáceres, así lo establece el Reglamento Interno aprobado por el Consejo de Ministros”. Lo anterior, según Funes, lo sabía la Fiscalía General de la República cuando lo acusó de malversación de fondos y lavado de dinero. Además, Funes sostuvo que no existe algún documento que demuestre que él autorizó personalmente movimientos o transferencias de fondos de CAPRES.
“Tercero, la operación con la empresa Claro nunca fue de mi conocimiento mientras ejercí la Presidencia. Me voy enterando por una fuente confiable que, si es necesario y a requerimiento de la FGR, puedo revelar su identidad, siempre y cuando se garantice su integridad física”, remarcó Funes.
Por lo anterior, dijo, no puede ser acusado de encubrir un delito “del que hasta ahora tengo conocimiento. Decidí hacerlo público para no ser cómplice de una ilegalidad en la que no tuve nada que ver y poner en evidencia la calidad del testigo criteriado que está usando la Fiscalía”. Funes sostuvo que la FGR y la Corte de Cuentas de la República deben tener algún registro de ese movimiento bancario “si es que han investigado en forma profesional”, ya que “dos millones de dólares no pueden moverse y desaparecer de la contabilidad de CAPRES por arte de magia”.
“Lo que está claramente demostrado, diría que hasta la saciedad, es que el caso Saqueo Público es un típico caso de Lawfare (persecución penal con motivación política) en el que la FGR no ha podido demostrar nada en mi contra ni en contra de mis familiares”, enfatizó Funes.
Habrá que recordar que la Fiscalía General de la República acusa al expresidente Funes y a otros exfuncionarios de supuestamente desviar $351 millones del erario público, pero no puede sustentar el caso, según comenta el propio Funes.
El contacto en Claro de Gerardo Cáceres era el director de auditoría, Rodolfo Ortega, de origen mexicano, “quién era además socio de Puntual, la empresa de cobros de los Cáceres”, reveló Funes.
A través de Ortega, dijo Funes, los Cáceres tenían acceso en forma ilegal a la base de datos de Claro. Con Ortega fue que los Cáceres llevaron a cabo la operación del desvío de fondos de CAPRES para la compra de diputados. “Ortega recibía de Francisco Cáceres unos $10 mil mensuales”, pero a la vez, Funes dice que desconoció la procedencia de ese dinero.
El dato anterior “lo conoció” el ex fiscal Raúl Melara cuando Francisco Cáceres se criterió a finales de 2020. “Melara lo ignoró para mantener las imputaciones en mi contra que Douglas Meléndez (anterior fiscal general) había fabricado desde el 2017 en el caso Saqueo Público”.
“La persona que sirvió de enlace con Melara para negociar el acuerdo de Francisco Cáceres para criteriarse a cambio de acusarme fue su tío, Gerardo, que había sido compañero de estudios de Melara en la Matías Delgado (Universidad). Es por eso que Cáceres goza de beneficios procesales a la fecha”, destacó Funes.
Según declaró el exmandatario, Gerardo Cáceres es propietario de la empresa Puntual S.A. de C.V. y de una hacienda ganadera en la zona del Valle de Zapotitán llamada “El Corvejón”, valorada en unos $15 millones. “No se sabe de dónde obtuvo el dinero para comprarla, ya que no existen créditos bancarios que respalden la inversión”.
“Con la información reciente a la que he tenido acceso no sería remoto que los recursos se los proporcionó Francisco Cáceres (…) De hecho, según mi fuente, esta hacienda y otras propiedades la compró Cáceres con fondos de CAPRES”, comentó Funes.
El expresidente Funes invitó a la FGR a que abra un expediente de investigación en este caso “para que vea la calidad del testigo criteriado que tiene y del responsable de la negociación con el exfiscal Raúl Melara, quien también debería ser procesado por presentar acusaciones falsas en mi contra”.
