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Caracas/AFP
La máxima corte venezolana ratificó la nulidad de las decisiones del Parlamento -bajo control opositor- mientras se mantenga en «desacato» a un fallo que suspendió a tres diputados.
Al invalidar una ley sobre explotación de oro sancionada el 9 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) advirtió que todas las actuaciones de la Asamblea correrán la misma suerte si la mayoría opositora insiste en desconocer la decisión.
«Resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia (…), los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato», señala una sentencia emitida el pasado viernes y difundida este martes.
El TSJ se refería a un fallo del 1 de agosto que dejó en firme la suspensión de tres legisladores indígenas, cuya elección el pasado 6 de diciembre impugnó el oficialismo por supuesto fraude.
En esa misma resolución, el TSJ había declarado en «desacato» al bloque opositor que el 28 de julio juramentó a los tres parlamentarios, considerando inválidas al mismo tiempo sus actuaciones futuras.
Pero el presidente del Legislativo, Henry Ramos Allup, reiteró este martes que el Parlamento «no va a acatar (…) ningún acto, ninguna sentencia del Tribunal que viole la Constitución».
Según Ramos Allup, se pretende crear las condiciones para dejar a la mayoría opositora sin inmunidad legislativa.
Esta cuestión fue planteada el pasado jueves por el presidente Nicolás Maduro, durante una concentración oficialista en respuesta a una gigantesca marcha opositora en Caracas.
Maduro dijo entonces tener listo un decreto para levantar la inmunidad parlamentaria, a fin de evitar un estallido de violencia y un supuesto plan «golpista».
Ramos Allup, férreo opositor, sostiene que la Sala Constitucional del TSJ, la instancia que dictó el fallo, «ni tiene legitimidad de origen ni tiene legitimidad de ejercicio».
El jefe parlamentario cuestiona la designación de sus magistrados por la anterior mayoría oficialista, el 23 de diciembre, antes de ceder el control del Congreso la oposición.
Venezuela vive un fuerte conflicto de poderes desde enero, cuando la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asumió el control de la Asamblea tras ganar ampliamente las elecciones legislativas de diciembre, que pusieron fin a 17 años de hegemonía chavista.
Desde entonces, el TSJ -acusado por la oposición de servir al gobierno- ha anulado casi todas las decisiones tomadas por los parlamentarios (cerca de una veintena), declarándolas inconstitucionales.
La pugna ha crecido en medio de los planes de la MUD para sacar del poder a Maduro mediante un referendo revocatorio, que el gobierno descarta se pueda realizar este año.
