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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
En el informe del Observatorio de Violencia contra las Mujeres resumen aspectos vitales, como la reasignación de fondos a los presupuestos de las instituciones encargadas en la prevención de la violencia contra las mujeres y el cumplimiento de las leyes. Así como una articulación y enfoque territorial que permitan realmente “implementación de leyes de igualdad y erradicación de la violencia”.
ORMUSA con apoyo de Iniciativa Spotlight, Unión Europea, ONU, Asamblea de Cooperación de Paz, el Ayuntamiento de Barcelona y Christian Aid, presentó su informe que resume los casos de violencia contra las mujeres entre los años 2019-2020, a partir de datos provenientes de la Fiscalía General de la República, DIGESTYC, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, así como el monitoreo de los medios de comunicación que realiza el Observatorio de Violencia contra las Mujeres.
Entre los hallazgos de consideración están los dieciséis casos diarios de violencia física contra mujeres en el primer semestre del año 2020; y aunque al cierre del año pasado pudo existir una baja en este tipo de casos, ORMUSA no descartan que la suspensión de la consulta médica ordinaria en un escenario de pandemia por el COVID-19, restringió en parte la movilidad de las posibles mujeres víctimas de la violencia por la cuarentena.
Fueron 2,812 hechos de violencia física en contra de mujeres, entre enero a junio de 2020, según el Informe Semestral de Hechos de Violencia contra Mujeres, la DIGESTYC, Dirección de Información y Análisis (DIA) y Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
“Las mujeres víctimas de violencia física son jóvenes de 20 a 29 años; el 29 % (805), pertenecían a ese rango de edad. En este registro de 2,812 casos, incluyen 351 casos de niñas y adolescentes menores de 18 años, aunque no proporcionaron la edad. El 60 % de los hechos se cometió en lugares abiertos distintos a su vivienda (1,688 casos) y el 34 % (958 casos), en domicilio particular o la casa de habitación”, detalla el texto.
Los registros de otras instituciones como el Ministerio de Salud, que reportó 431 atenciones por violencia física en el primer semestre del año 2020, con 88 niñas y adolescentes menores de 18 años, marcan una tendencia en el mismo período, con cifras de la Procuraduría General de la República, con un registro de 474 atenciones legales brindadas por la institución.
Entre las agresiones más tipificaron los golpes a puños (149), empujones/pellizcos (122), golpes a patadas (81), heridas con objetos (7), agresión con arma de fuego (2), quemarla (2), así como otras agresiones.
“El Observatorio de Violencia de Género de ORMUSA, a través del monitoreo de medios escritos y digitales, contabilizó 32 casos de sobrevivientes de feminicidios de pareja, en el período de enero a diciembre de 2020. En el mismo año, los medios de comunicación reportaron 19 feminicidios de pareja, ocho de ellos ocurrieron en los meses de abril y mayo, durante la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno a causa del COVID-19. Estos número indican que en el 2020 hubo ocho feminicidios de pareja más que los once cometidos en 2019, por convivientes o exparejas de las víctimas, de acuerdo al monitoreo de ORMUSA, seguramente el número puede ser mayor en estadísticas oficiales”, detalla el informe.
En cuanto a la responsabilidad del Estado salvadoreño, en materia de prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres, ORMUSA señaló que si bien datos oficiales señalan una baja en casos de feminicidios; no debe “perder de vista” el fortalecimiento de esfuerzos y recursos económicos en el combate de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres.
Existe “el consenso internacional en torno a que el abuso contra las mujeres y niñas donde sea, que ocurra, sea considerada como violencia basada en género, ya que surge de la situación de subordinación de las mujeres en relación con los hombres en la sociedad, que puede manifestarse como violencia física, sexual y psicológica en la familia, en el hogar o en cualquier relación interpersonal”, señala el informe.
Por eso es “fundamental reasignar recursos para dar cumplimiento a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres”, indicaron.
Asimismo, recomiendan un trabajo sostenido de manera interinstitucional y recursos para el conocimiento y aplicabilidad de estos cuerpos jurídicos, porque actualmente son dispersos o escasos, ante la magnitud de la violencia contra las mujeres, por lo que, la reasignación de fondos e inversión social en la problemática permitiría una respuesta más integral desde la institucionalidad del Estado.
“En septiembre 2020 ORMUSA y el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) desarrollaron la ponencia: La Responsabilidad del Estado en la Investigación y Juzgamiento de la Violencia contra las Mujeres”, la cual fue dictada por la abogada mexicana Karla Michel Salas Ramírez, quien expresó que pese a los avances en El Salvador, falta mejorar la aplicación de la ley, como en otros países de América Latina. La erradicación de la violencia de género sigue siendo una deuda pendiente y reiteró que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomiendan implementar medidas de reparación para las víctimas y garantías de no repetición, que se traducen en políticas públicas, para prevenir crímenes contra las mujeres”, puntualizan.
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