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Por Damian Wroclavsky
Brasilia/AFP
La mayoría de los jueces de la corte suprema brasileña rechazó el pedido del presidente Michel Temer para congelar una denuncia de la Fiscalía General que lo acusó de liderar una «organización criminal» para desviar fondos estatales.
El voto de siete de los once magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF) abre la puerta para enviar ese proceso a la Cámara de Diputados, donde los legisladores deberán decidir si autorizan al máximo tribunal a analizarla y eventualmente elevarla a juicio.
«La palabra está con la Cámara de Diputados», dijo el juez Luís Roberto Barroso al explicar la posición mayoritaria de la corte.
El último de los ocho jueces que votó lo hizo en disidencia y poco después la sesión fue suspendida por la presidenta Cármen Lúcia hasta el jueves por la tarde.
Esta nueva derrota de Temer pone punto final a la batalla judicial que lanzó su defensa para frenar un caso que, hipotéticamente, podría costarle el cargo.
El tribunal había dejado pendiente el miércoles pasado un pedido para impedir que la Fiscalía presentara cargos hasta que se determine si hubo irregularidades en la obtención de las pruebas surgidas en las delaciones de los directivos del gigante de la alimentación JBS.
Esa postergación abrió una ventana que aprovechó el fiscal Rodrigo Janot, que terminó su mandato el domingo pasado, para presentar su segunda denuncia contra Temer, como jefe de una «organización criminal» integrada por varios de sus principales ministros y colaboradores y por tentativas de obstrucción de la labor de la justicia.
Según la denuncia, esa «organización criminal» recibió «por lo menos 587 millones de reales (unos 189 millones de dólares) en sobornos».
Janot convirtió a Temer en el primer presidente brasileño en ejercicio en ser acusado de un crimen común, al pedir su procesamiento por «corrupción pasiva». No obstante, la confortable mayoría que apoya a Temer en la Cámara baja rechazó autorizar la apertura de una investigación en el STF.
Tercera derrota judicial
Los abogados de Temer abrieron una batalla de procedimientos para bloquear o ralentizar el nuevo proceso en cada etapa, sin conseguir su objetivo.
La semana pasada, el STF rechazó un pedido de descalificar a Janot por «obsesiva conducta persecutoria».
La defensa alegó luego que el caso debía ser devuelto a la Fiscalía, porque contenía hechos anteriores a la llegada de Temer al poder en mayo de 2016, que solo podrían ser juzgados cuando concluya el actual mandato a fines de 2018.
El juez Edson Fachin, a cargo de la mayoría de los casos de corrupción de alto perfil en el STF, denegó el martes también ese pedido.
Una vez que llegue a la Cámara de Diputados, el proceso dependerá de que 342 de los 513 legisladores -una mayoría especial de dos tercios del total- voten en favor de autorizar al STF a evaluar el caso. Y, si el tribunal llegase a elevarlo a juicio, Temer sería suspendido de su cargo por hasta 180 días, hasta que se defina su futuro.
El proceso entró en zona de sombras por la polémica delación de los magnates Joesley y Wesley Batista, de JBS, que fundamentó la acusación y que debilitó el caso antes de que pudiera ser debatido en el Congreso.
Los hermanos Batista, que colaboraron con la justicia a cambio de inmunidad, dijeron que el mandatario había recibido dinero por debajo de la mesa para financiar campañas y había avalado sobornos para mantener callados a quienes pudieran incriminarlo.
Pero su acuerdo fue anulado luego de que se descubriera que habían ocultado información. Ambos hermanos están actualmente encarcelados.
