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Redacción Nacionales
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La aprobación de 122 artículos del anteproyecto presidencial de la Ley General de Recursos Hídricos, por el partido oficial Nuevas Ideas, y sus aliados GANA y PCN, genera incertidumbre en diversos expresiones de la Iglesia Católica, Juntas de Agua, organizaciones sociales y ADESCOS, quienes vislumbran un enfoque a la “medida de la empresa privada”.
En las afueras del Centro Cívico Cultural Legislativo (CCCL), el Movimiento Ciudadano por el Agua (MCA) realizó un pronunciamiento sobre esta dinámica de votación mayoritaria que no deja espacio a un verdadero debate de un tema de nación.
Benita Hernández, representante de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de El Salvador, que integran al MCA, afirmó que la Comisión AdHoc, que es predominantemente oficial, y los dos partidos satélites, realizan un proceso de “discute y aprueba” a favor del anteproyecto presidencial.
“Hacen prevalecer la mayoría de sus votos e impidiendo cualquier iniciativa o indicio de discusión o propuestas o que tomen en cuenta los aportes que las organizaciones sociales hicimos en el marco del período de consultas del cual solicitamos ser parte”, dijo Hernández.
“La ley que están formando no corresponde a un enfoque de derechos humanos, en la cual se garantice a las personas su uso, goce y la facultad de decidir sobre los bienes hídricos con los que se cuentan. Por el contrario, nos encontramos ante un escenario adverso que da el resultado de una herramienta de gestión empresaria”, sostuvo Hernández.
Sobre la prioridad del uso y consumo humano del agua, Hernández reiteró que la comisión Ad Hoc se encuentra allanando el camino para la gestión del agua en uso mercantilista y por los intereses que representa el sector de la construcción, la agroindustria azucarera, las empresas envasadoras de agua y bebidas carbonatadas, entre otras iniciativas industriales. “En el artículo aprobado, la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) no requerirá las permisos ambientales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a las empresas para explotar por cinco años un afluente con mil metros cúbicos de agua, que equivale a 125 pipas de agua para la población”.
“Es una ley centralizadora y sin participación ciudadana, donde los funcionarios, desde un escritorio decidirá quién o quiénes tendrán acceso al agua y saneamiento. Los diputados y diputadas de Nuevas Ideas y sus afines, desestimaron la propuesta de la iglesia católica y organizaciones sociales, que pedimos un Comité Consultivo, como incidencia de la población en la gestión integral del agua y la rendición de cuentas”, expresó Hernández.
Mientras, Danilo Pérez, del CDC, organización integrante del MCA, manifestó que hay un “riesgo” en el cuido del recurso hídrico natural, porque han aceptado que la ASA autorice la explotación de mil metros cúbicos de agua diarios a empresas privadas y que eso multiplicado por 365 días, serían 361 mil metros cúbicos al año, sin tomar en cuenta la crisis hídrica que vive el país.
“Debemos tomar en cuenta que medio millón de personas serán afectadas, sino se declara el interés social las Juntas de Agua, que prestan el servicio comunitario del agua en el territorio nacional, porque históricamente la ANDA, no ha abastecido a las comunidades”, explicó.
“No le mientan a la población al afirmar que lo aprobado contiene los aportes de las organizaciones de la sociedad civil y la iglesia. Lo que han establecido no concuerda con nuestras propuestas, por lo que, nos desmarcamos del contenido hasta ahora aprobado”, aseveró Pérez.
El MCA demandó un “verdadero análisis” y abrir esa discusión al diálogo con la inclusión de diversas expresiones sociales, comunidades y la iglesia católica para garantizar una aceptable “gestión y gobernanza” en el tema del agua y el saneamiento.
En representación de las Juntas de Agua, que suman más de 2 mil en el territorio nacional, Orlando Aguiluz expresó la preocupación que la nueva ley les designe “fuentes de ingresos”, y por tanto, deben pagar como la empresa privada.
“Es indigno que quieran cobrarnos porque después que ellos (ANDA/Gobiernos locales), no han podido proveer de agua a miles de pobladores su derecho al agua. Las comunidades hicimos estas estructuras con fondos y esfuerzos propios, y está generando ya grandes daños económicos y sociales en las comunidades”.
“Las alcaldías ya están estableciendo acuerdos de cobro a los permisos para operar las Juntas de Agua. Y están imponiendo impuestos por metros cúbico producido, eso significa que las alcaldías que deberían impulsar programas de desarrollo para las comunidades, ahora nos ven como fuentes de ingresos, esto traerá más pobreza, más miseria a la población mayormente vulnerable”, reafirmó Aguiluz.
Antonio Baños, de Cáritas, señaló ante el pronunciamiento público del MCA, sobre la aprobación de la propuesta presidencial de la Ley General del Recurso Hídrico, que si bien han avanzado 122 artículos de los 167 que contiene la normativa, con la misma dinámica de no consultar, el movimiento social no se quedarán callado en denunciar las injusticias sociales que podría generar este enfoque mercantilista del uso y consumo del agua en el país.
“Sabemos que hay otras acciones y órdenes que se van a implementar en el proceso de formación de ley, para luego llevar un dictamen favorable al pleno para esa ley –pero, les decimos- no quitaremos el dedo del renglón. Y no estamos opuestos a una ley, sino que a que haya una ley integral con un enfoque de derechos humanos, en un país donde estamos a punto que sea irreversible la crisis hídrica que existe. Y creo que esto, ni lo han tomado en cuenta”, puntualizó Baños.
