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Redacción Nacionales
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Las organizaciones y comunidades que integran el Movimiento Ciudadano por el Agua (MCA) demandaron de la Asamblea Legislativa una Ley de Aguas con enfoque de derecho humano, lo que consideran imprescindible para garantizarle a toda la población el acceso al agua, su potabilidad y universalidad.
Ana Isabel Aguirre, lideresa comunitaria del MCA, agregó que esta normativa debe garantizar también la participación ciudadana y dejar clara la participación de las Juntas Administradoras de Agua Comunitarias, que por ahora, son el sub-sector que ha estado gestionando el vital líquido.
“Somos nosotros quienes conocemos la realidad de lo que sucede con la recarga hídrica y zonas protegidas. Además, queremos dejar un buen legado a nuestros hijos”, dijo Aguirre.
El Movimiento Ciudadano por el Agua reiteró la esperanza que la comisión legislativa Ad-Hoc del Agua cuente con suficiente insumos y logren la empatía con la población civil organizada que viven entornos difíciles por este recurso como: la población sin acceso al agua potable, a las comunidades que dependen de las Juntas de Agua y otras que afrontan escenarios de conflictos por el agua.
La participación social es para el MCA, un elemento estratégico que han venido impulsando desde el año 2006, y les preocupa que en la propuesta de gobierno esté eliminada esa posibilidad en mecanismos como los Comités de Cuenca, que están adscritos en los Organismos Zonales de Cuenca (OZC), lo que podría generar una situación de incumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que son compromisos adquiridos por el Estado salvadoreño.
Sobre las Juntas de Agua, Ana Aguirre agregó que son prestadoras de servicio sin fines de lucro, por tanto, pidió que se incluyeran y validara la declaratoria de “interés social”, como fundamento de estas directivas que les ha permitido durante décadas garantizar el derecho humano al agua.
“No queremos quedar como dormidos, sin hacer nada, queremos que el agua sea sustentable y que los instrumentos para el manejo integral de Cuenca (hidrográfica) cuente con sus mecanismos respectivos de protección, conservación y restauración de suelos para que haya mejoras en las cuencas”, agregó.
El MCA señaló sobre la “creación y conformación del ente rector”, su descontento por el giro de “sectorialidad” que le han dado en la normativa como: agricultura, turismo, industria, urbanismo, energía eléctrica, al considerar que es un “error” porque las partes se convierten en juez y parte en su sector, cuando debería abordarse desde una intersectorialidad integrada y un regulador independiente.
Danilo Pérez reiteró el interés del MCA por el tema de “declaratoria de protección de acuíferos”, argumentando que les preocupa el texto de la propuesta de ley presidencial, ante algunos puntos que se contradice en materia de áreas protegidas y los permisos de explotación de agua.
“Hay un artículo establecido en esa ley que muestra que puede explotarse el agua en estas áreas protegidas y eso no lo podemos aceptar, no podemos estar a favor de este tipo de enfoque. Y este cuerpo de ley, también no reconoce en ningún momento el derecho humano al agua y al saneamiento, que es como está reconocido en ámbitos de las organizaciones internacionales de derechos humanos”, dijo Pérez.
Sobre la protección de acuíferos, señalaron la necesidad que esta normativa jurídica agregue un inventario sobre los acuíferos, su capacidad, su situación y posterior, establecer un programa de protección con énfasis en las zonas de recarga hídrica a fin de garantizar a futuro el agua para la población.
Antonio Baños explicó que el Movimiento Ciudadano por el Agua, que la integran un colectivo de organizaciones y expresiones sociales, han venido impulsando la reforma constitucional a los artículos 2 y 69 de la Constitución de la República, que consideró que no podía obviar la actual legislatura.
“En este momento se necesita ratificar para que el derecho humano al agua, en el contenido de la ley en formación, tenga un asidero constitucional y no debe esperarse a que vengan las otras reformas (que presentará el vicepresidente Ulloa)”.
“Nosotros insistimos que debe ser esta legislatura, en el proceso de formación de las reformas constitucionales la que le toca ratificar, para que haya congruencia entre la Constitución y una ley secundaria, que en este caso, sería la ley del agua”, explicó Baños.
En cuanto al nombre del anteproyecto presentado ante la Asamblea Legislativa, enviado por el presidente Nayib Bukele, agregó que el título “Ley de Recursos Hídricos” no era el adecuado, lo cual, no estaba relacionado a la “forma”, sino al “enfoque y contenido”, ya que el agua tiene múltiple funcionalidad y no solo se trataba de un recurso.
“Nosotros, haciendo eco a muchas expresiones y nosotros mismos -hemos insistido- desde el año 2006, hemos venido hablando de la Ley General de Aguas, y creemos que el nombre es importante y por lo cual, le proponemos a la Comisión (Ad-Hoc) que considere el nombre al que haga referencia explícita a la palabra agua. Y por esto proponemos Ley del Agua”, reiteró Baños.
