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Redacción Nacionales
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Desigualdad, esa es la definición al acceso al agua y saneamiento en El Salvador, consideró José López, del Movimiento Ciudadano por el Agua (MCA), en representación de las Juntas de Aguas de Ahuachapán, que autogestionan desde sus comunidades el consumo del recurso hídrico.
“En el cantón Palo Verde, Apaneca, las comunidades han solicitado al gobierno local, al Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, que los ayuden, pero esas comunidades están olvidadas. Ellos ponen ductos para hacer llegar el agua lo más cerca que pueden”, dijo. “Estamos viviendo el problema de cerca, todos los gobiernos nos han olvidado. Queremos invitar a la ANDA, para que llegue y verifique también la calidad del agua, porque en Ahuachapán, mucha gente está muriendo de insuficiencia renal, porque el agua tiene plomo y azufre”, reiteró López.
El Movimiento Ciudadano por el Agua (MCA) que lo integran diversos sectores sociales, religiosos, academia, comunidades, juntas de agua, sistemas comunitarios, Redes sociales y Adescos, demandaron de la comisión Ad hoc de la Asamblea Legislativa, que tiene la tarea de emitir un decreto sobre la Ley de Recursos Hídricos, una visión de derechos humanos y mayor participación y diálogo para su operatividad.
El Salvador se encuentra como un país en América continental, con un medio ambiente más degradado, según el informe de FONAES, que impacta en la calidad de vida de la mayoría de la población sin medios económicos para obtenerla.
El Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) concentra la disponibilidad del recurso mientras ciudades como Santa Ana, Sonsonate y San Miguel las reservas de agua dulce per cápita son de las más bajas, sin incluir los niveles de contaminación.
Diversas organizaciones ambientalistas, de derechos humanos, jurídicas, iglesias y la academia, realizan una lucha por una Ley General de Aguas, desde la perspectiva de derecho humano para dar atención a toda la población salvadoreña.
Monseñor Samuel Bolaños, presidente de Cáritas de El Salvador y la Red Eclesial, Ecológica Mesoamericana, hizo un llamado directo al presidente de la República, Nayib Bukele, que en su discurso del 15 de septiembre, ofreció junto a otros órganos del Estado, el análisis y aprobación de la Ley de Recursos Hídrícos.
“Nosotros agradecemos el interés de este gobierno por la aprobación de la ley, introducida por el presidente a la Asamblea Legislativa, pero consideramos que la imposición de un tiempo y la celeridad está provocando que esta ley no esté siendo estudiada o consensuada”.
“Y también, queremos la participación en la elaboración de la ley, pero sobre todo, la participación en la ley -es decir- que describa la intervención de las asociaciones ¿Por qué insistimos en esto?, porque el agua es un recurso vital, es una parte viva de nuestra problemática para garantizar el acceso al agua”, afirmó Monseñor Bolaños.
Sobre el trabajo de la comisión Ad hoc, de la Asamblea Legislativa, el MCA, señala que han aprobado los primeros 13 artículos del anteproyecto presentado por el presidente Nayib Bukele. No obstante, estas modificaciones no están relacionadas con las propuestas del movimiento social. Que al final generan ambigüedad, incongruencias e indicios de inconstitucionalidad.
“En estos artículos aprobados, queremos que se determine el derecho humano al agua y saneamiento. Y por tanto, haya un compromiso del gobierno y sus instancias público privadas y asociaciones de agua diseminadas en el país. Y por supuesto la participación que es tan necesaria para implementar la ley”, agregó el presidente de Cáritas.
En cuanto a la finalidad de la ley, el MCA manifestó su inconformidad con el litera “f”del artículo 3 del proyecto de Ley de Recursos Hídricos, por el término de “sociedad civil”, cuando la propuesta del movimiento social ha indicado la importancia de priorizar los sectores como las organizaciones comunitarias, campesinas, ambientales, consumidores y la iglesia, para lograr acceso, uso y decisión sobre los bienes hídricos.
Mientras, Elmer Gómez, presidente de enlace que articula las Asociaciones de Consumidores de El Salvador, se manifestó sobre las atribuciones de la ASA (Autoridad Salvadoreña del Agua), por contradecir o duplicar las responsabilidades con el Tribunal Sancionador, en materia de aplicar sanciones y la atribución de establecer cánones y tarifas. “Compartimos la decisión de la comisión Ad hoc de incorporar los principios de corresponsabilidad, participación ciudadana, enfoque de derechos e interés público. Porque son la base sobre la cual, se sustentan las disposiciones de ley, pero existen incongruencias entre algunos de estas disposiciones como la falta de un Comité Consultivo dentro de la ASA”, señala.
“Y también, compartimos la decisión de ampliar la forma de integración de la ASA, con la incorporación de una dirección ejecutiva como órgano técnico operativo y unidades especializadas. Pero insistimos en la importancia de un Comité Consultivo en la ASA, como órgano de la sociedad civil que fomente y favorezca la participación ciudadana en la gestión integral y rendición de cuentas”, reafirmó Gómez.
Asimismo, el Movimiento Ciudadano por el Agua demandó que la comisión Ad hoc, retome el documentos presentado por ellos, que contienes 13 puntos fundamentales que toda ley de agua, debe contener para beneficio de toda la población.
“El documento del MCA es producto de numerosos diálogos y consultas que realizamos entre organizaciones comunitarias, juntas de agua, asociaciones de consumidores, la iglesia católica y otros actores vinculados al derecho humano al agua”. “Y que en el desarrollo de la ley, se garantice la participación de las comunidades y las organizaciones vinculadas al agua en todo el proceso de gestión de los bienes hídricos , que incluye su derecho a participar de la toma de decisiones sobre aquellos aspectos que nos concierne, ya que esta ley es vital para el país”, puntualizó Gómez.
