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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Ante la negación de los Acuerdos de Paz y ataques públicos de desprestigio del gobierno contra personas defensoras y organizaciones de derechos humanos, la Mesa Contra la Impunidad de El Salvador (MECIES) rechazó el discurso que promueve el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, acerca de los Acuerdos de Paz, porque buscan instrumentalizar la memoria de las víctimas para atacar a sus adversarios políticos.
Sonia Rubio Padilla, abogada de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), manifestó que el discurso del oficialismo es una manipulación propagandística e instala una narrativa que solo representa un atropello más para las miles de familias quienes sufrieron graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de la guerra.
Los Acuerdos de Paz establecieron como propósito el fin de la impunidad y crearon una Comisión de la Verdad que recomendó aplicar justicia ante los crímenes de guerra, reparaciones integrales y sostenimiento de las reformas democráticas, inspiraron al respeto de los derechos humanos, a la democratización y a una verdadera reconciliación del país.
“Si la impunidad prevaleció sobre los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, fue porque los gobernantes de turno, tanto los anteriores como los actuales, han protegido a los responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad, y desaceleraron el impulso por establecer un sistema de justicia íntegro y responsable que diera una respuesta integral a las víctimas”, enfatizó. La abogada de DPLF dijo que los Acuerdos de Paz trajeron el desmontaje de estructuras de la Fuerza Armada y de los cuerpos de seguridad que ejercían el terrorismo de Estado durante varias décadas en El Salvador; desmovilizaron las organizaciones armadas del FMLN; promovieron reformas de gran relevancia en el sistema de justicia y electoral, sentando las bases para una construcción democrática.
Mientras tanto, Rafael Segura, representante del Comité de Presos Políticos de El Salvador, pidió el cese de la instrumentalización del tema de justicia transicional por parte de funcionarios del Estado, con el único fin de obtener réditos políticos en su imagen o desacreditar adversarios, pues tal manipulación riñe con la ética y revictimiza a quienes sufrieron los crímenes de la guerra.
“A toda medida adoptada en materia de justicia transicional se le debe dar amplia participación a las víctimas y organizaciones quienes las representan, no puede haber justicia si el gobierno sigue ignorando a las víctimas del conflicto armado y re victimizando a los sobrevivientes y defensores de Derechos Humanos. Este gobierno debe seguir cumpliendo el mandato dejado por los Acuerdos de Paz”, enfatizó.
Para Irene Gómez, de la Fundación Cristosal, es una contradicción que se derogue el decreto para conmemorar los Acuerdos de Paz cada 16 de enero y se sustituya por un decreto el cual supuestamente reconoce a las víctimas del conflicto, sin que estas y las organizaciones quienes las representan hayan sido consultadas; y sin el acompañamiento de otras medidas de verdad, justicia, reparación, memoria y medidas de no repetición de esos atroces hechos.
Expresó que el decreto legislativo aprobado recientemente está vacío de significado y no puede tener un efecto reparador si la misma Asamblea Legislativa ha ignorado el clamor de las madres y familiares de personas desaparecidas y asesinadas políticas, quienes cada año han insistido en demandar la declaración de cada 30 de agosto como el “Día Nacional de la Dignidad de las Personas Desaparecidas”.
Tampoco tiene efecto reparador si durante las últimas semanas, representantes de la Asamblea Legislativa han atacado públicamente para desprestigiar a víctimas y personas defensoras de derechos humanos que integran la Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, así como a las autoridades de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).
