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El 27 de junio, a las 2:03 p.m., el presidente inconstitucional de El Salvador, Nayib Bukele, escribió en su cuenta oficial de X, que el nuevo ministro de cultura, Raúl Castillo, procedía “a la destitución de 300 empleados del ministerio”. Y a continuación los justificó de la siguiente manera: “a quienes promueven agendas que no son compatibles con la visión del Gobierno”.
Quien tenga “tres dedos de frente”, como se dice popularmente de aquellos que tienen las mínimas virtudes de raciocinio, compartirán con nosotros que la justificación que Bukele esgrimió no es aceptable. Primero, porque nadie en su sano juicio puede creer que los 300 empleados del ministerio de Cultura llevaban una agenda distinta a la “visión del Gobierno”, en tanto que, los titulares y los mandos medios son gente de confianza del presidente de la República.
Segundo, porque cada ministerio trabaja dentro de lo que le establece la ley creada para dicha cartera. Y, tercero, porque es desde el Ejecutivo que se dictan las políticas de Cultura de la nación para un quinquenio. Más los ajustes que se hagan anualmente a partir de nuevas realidades.
Si fuera cierto que los “300 trabajadores” no cumplían con el plan de gobierno ni con las políticas culturales para el presente quinquenio, lo cual no es creíble, al menos el presidente inconstitucional debió explicar a la nación en una cadena de radio y televisión, cuáles fueron las políticas que no cumplieron, cómo evaluaron el trabajo de cada uno de los 300 trabajadores con respecto a las políticas o planes incumplidos.
Por supuesto, que nada de lo anterior pudo haber hecho Bukele, porque, en primer lugar, hay que poner en duda que tenga políticas culturales. Solo basta con echar un vistazo a lo ocurrido recientemente en el Palacio Nacional, cuando, violentando la Ley del Patrimonio Cultural y las declaraciones de bienes protegidos, ordenó la destrucción de las famosas baldosas del primer piso, para poner otras sin la riqueza cultural e histórica que representaban las primeras.
O, cuando no sólo expropió las propiedades en una manzana a la redonda, que por ser parte del Centro Histórico estaban declarados como parte del patrimonio cultural, sino que las destruyó para plantar un jardín y una fuente artificial.
Quien no es compatible con lo que establece la ley con respecto al tema cultural es el propio Bukele, al violar la Ley del Patrimonio Cultural.
Y es que, si Bukele ha violentado la Constitución como ha querido desde el quinquenio anterior, y que se puede esperar del respeto a leyes secundarias como las del patrimonio.
Reprochable es también, que el despido se anuncie en una red social, esgrimiendo, y hasta cierto punto mofándose de los afectados, cuando les recuerda que es parte de la medicina amarga que la gente le avaló el día de la juramentación de su segundo periodo inconstitucional y que, seguramente, más de alguno de los 300 que juró frente a Bukele.
Por el momento, no sabemos las verdaderas razones por las que Bukele ordenó el despido de 300 empleados, que al parecer es una cifra menor al número real de despedidos y despedidas. Lo que sí es cierto es que, independientemente que en realidad les den la indemnización, hasta 20 mil dólares, según el decreto aprobado al día siguiente por la Asamblea Legislativa, esos 300 o más empleados despedidos de forma masiva por Bukele, pasarán a formar parte del ejército de desocupados en El Salvador.
Y que esos 300 no podrán ser parte del sector informal porque el Gobierno de Bukele persigue también al trabajador informal y que la ha convertido una verdadera política de gobierno, sin estar escrita, porque sus 43 alcaldías persiguen al trabajador informal.
Ya Bukele creó, en su primer quinquenio, 200 mil nuevos pobres, y hoy le suma los 300 o más de los despedidos en el Ministerio de Cultura. Y tal parece que en el nuevo quinquenio, Bukele seguirá ofreciendo medicina amarga y desempleo, hasta que este pueblo sumiso lo aguante, pero lo que no puede hacer Bukele es justificar los despidos de la forma más burda como la de dos agendas distintas, la de los trabajadores y la del presidente, pues eso es inaceptable, incluso, hasta por sumisos que juraron frente a una pantalla de televisión.
