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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Médicos del Mundo, una organización no gubernamental de ayuda humanitaria, denunció los efectos del acuerdo migratorio entre Estados Unidos y México, para endurecer el control migratorio, tras la amenaza del presidente Donald Trump de subir los aranceles a las exportaciones mexicanas.
Para la ONG internacional esta acción supone una mayor militarización y cierre de rutas migratorias, además de un agravamiento de la crisis de migración y refugio, que ya prevalece en la región.
El acuerdo entre dos países norteamericanos, comprende varias medidas para frenar la migración hacia Estados Unidos, entre las que se encuentran el envío de miles de elementos de la Guardia Nacional a la frontera Sur de México, aumentando la militarización del sistema actual para la contención de los flujos migratorios.
La extensión del programa “Quédate en México”, en su frontera Norte, implica la recepción de un mayor número de solicitantes de asilo en EUA, mientras se resuelva su caso, implementación de planes de desarrollo nacionales y regionales, así como la toma de medidas adicionales si las anteriores no surten efecto en el plazo de 45 días.
Para diversos colectivos y organizaciones defensoras de Derechos Humanos en la región, el acuerdo es preocupante porque actúa en la línea de mayor criminalización de migrantes y de defensoras y defensores de los Derechos Humanos.
En visión de Médicos del Mundo, el pacto constituye un agravamiento de la crisis de la migración y refugio, que prevalece en la región, aumentando los riesgos y vulnerabilidades de las personas en su proceso migratorio.
La organización humanitaria manifiesta su inconformidad ante el acuerdo, pide se reconozca la migración, en la región, como una crisis crónica que encuentra sus causas en un contexto social, político y económico de corrupción, violencia, pobreza y despojo, que niega a las personas las condiciones de desarrollo para una vida digna y en pleno ejercicio de su derecho a la salud.
Ante esta situación, Médicos del Mundo exige que los Estados reconozcan a las personas migrantes como titulares de derechos humanos, que deben ser respetados, protegidos y garantizados, así como que garanticen la coordinación y participación de diferentes sectores sociales en la elaboración de políticas públicas, sobre migración y desplazamiento forzado, para definir respuestas adecuadas e integrales basadas en enfoques de género, derechos e interculturalidad.
