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El Juzgado Primero de Instrucción instalará el próximo lunes la audiencia especial de Revisión de Medidas para el ex presidente Francisco Flores, diagnosis diligencia solicitada por su defensa con el fin de que se le otorgue la medida cautelar del arresto domiciliar.
Según información del Centro Judicial, sales el juez Levis Italmir Orellana ha convocado a la Fiscalía General de la República (FGR), querellantes y los peritos del Instituto de Medicina Legal (IML), que le han practicado los chequeos médicos y al médico particular que está tratando actualmente al imputado.
La participación de los médicos es para “ auxiliarse en la toma de decisión a la hora de resolver”, desde el punto de vista médico y legal.
El propósito es que la decisión del juez Orellana, sea técnica y que sean los peritos autorizados los que expresen si el acusado está físicamente en condiciones de permanecer en la División Antinarcóticos (DAN), si el padecimiento que tiene puede ser tratado ahí o si necesariamente tiene que estar en un hospital, o si hay que estarle aplicando con frecuencia alguna prescripción médica, valoraciones que solo pueden ser emitidas por un médico.
El juzgado libró oficio para que el imputado comparezca a la diligencia, aunque no es imprescindible su presencia para que la audiencia se realice.
También se conoció que la defensa hizo una solicitud, al juzgado, basada en una prescripción médica para que se le efectuara un control al imputado la cual fue realizada ayer en el Centro de Cardiología Vascular, del Hospital de la Mujer.
El pasado 18 de noviembre el juez, ordenó el traslado de Flores a las bartolinas de la Dirección Antinarcótico DAN, dado a la recuperación favorable de su salud, según el último reconocimiento médico practicado por el IML. El acusado permaneció desde el 30 de octubre en las instalaciones de dicho nosocomio, debido a una trombosis en una de sus piernas.
El ex presidente de la República en el periodo 1999 al 2004, es procesado por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia de particulares. Supuestamente manejó de forma irregular una donación de China-Taiwán, consistente en unos 10 millones de dólares, que no fueron reportados a las cuentas del Estado.
