MEDIDAS ANUNCIADAS AFECTAN LA ECONOMÍA FAMILIAR DE LOS MÁS POBRES

Por: Licenciada Norma Guevara de Ramirios

Con datos de fuentes oficiales, los medios de comunicación informan la reducción de presupuestos que deberían aliviar la economía de hogares con menores ingresos, como gas propano y energía eléctrica.

Los presupuestos disminuidos, para subsidio de energía mediante transferencias a la FINET, bajaron en más de 15 millones de dólares, equivalente al 24%; esto significa que hogares que consumen menos kilovatios y estaban en la franja a subsidiar, recibirán una factura mayor, no solo por el aumento del valor de cada kilowatt, sino porque el gobierno elimina el subsidio que antes recibían.

Vinculado también al consumo de energía, los hogares de menor consumo y otros registrados por su condición de pobreza, deberían recibir el valor del gas subsidiado y ese presupuesto bajó en más de 35 millones de dólares. Esto hará que aunque el consumo de energía sea bajo, ahora tendrán que comprar el cilindro de gas al valor fijado como precio ordinario por el ministerio de economía, es decir, pagar más dinero por un cilindro de gas.

También el presupuesto de apoyo a las alcaldías bajó 57 millones de dólares, lo que significa que los gobiernos de las 44 alcaldías tendrán menos recursos para apoyar a los distritos en sus necesidades para disminuir problemas.

Si estas medidas son parte de la estrategia para “curar la enfermedad de la economía”, como lo anunció el señor Bukele el 1 de junio pasado, lo que se está curando o paleando es la insuficiencia  presupuestaria del gobierno, en lo pertinente al apoyo a los más necesitados, no ayudando a resolver el problema de menor capacidad adquisitiva de los mismos.

A esto hay que agregar que las personas, que en el pasado recibían la pensión solidaria sin haber cotizado en los ex municipios con mayor índice de pobreza, dejaron de recibir ese beneficio. Y es lógico entonces que la pobreza extrema esté crecida, como lo registran organismos internacionales.

En el mismo orden están las medidas anunciadas en cadena radial y televisiva por el señor Bukele y otros funcionarios, en el sentido de asegurar que en la comercialización ellos saben que se han cometido delitos, y ahora, con ese conocimiento, les piden bajar los precios de los alimentos que venden o proceder en su contra, como se procedió con las maras.

Una clara amenaza que los vendedores asumen como chantaje, esto indicaría que las entidades estatales en los ramos de agricultura, economía, defensoría del consumidor, aduanas, no han cumplido su papel, y ahora, ante faltas, que en esas declaraciones aseguran están “fichadas”, se les amenaza con medidas penales. Así puede interpretarse los anuncios.

¿Quién juzga el nivel real de ganancia, más o menos justa, sobre la base de conocer los precios de compra, los costos de logística, fiscales y municipales, para analizar si los precios son racionales? Será que sembrando miedo sustituirán a unos vendedores por otros, pues a lo mejor a algunos los mandan a la cárcel o los sacan del mercado, pero otros vendrían a llenar el vació en un orden de actividad económica necesaria.

En todo caso, es el más pobre, la sacrificada capa media, la que paga el precio de una crisis presupuestaria y económica, pues es tener dos tomates en vez de 8, media libra de papas en vez de una libra, un pipán en vez  4 o 5 pipianes lo que el mercado está arrojando, sin que se anuncien medidas para estimular la producción, o estudios de costo y funcionamiento de las entidades estatales, obligadas a velar por el bolsillo de las mayorías.

Si los problemas de la economía familiar se resolvieran con amenazas, cabria espacio a la esperanza de que vienen mejoras, pero eso parece lejos, más bien los anuncios y los hechos indican que quien sufrirá un empeoramiento de la crisis económica es el pueblo, sus sectores empobrecidos.

Y es previsible que problemas estructurales, como el bajo crecimiento, se vean también aumentados por que productores, importadores, medianos o pequeños, se sentirán con menor confianza.

Se precisa que entidades serias en el mundo académico investiguen y analicen los efectos de los hechos y de los anuncios, para que el gobierno reciba una señal de que ese rumbo, por el que nos llevan, es a un abismo más profundo.