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Gloria Silvia Orellana
@Gloria Colatino
“A la petición que hace el Ejecutivo de decretar un régimen de excepción no estaríamos de acuerdo y menos para todo el territorio nacional, cuando se puede localizar o focalizar bajo una base científica para su control”, expresó Ovidio Mauricio González, coordinador de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, en la reunión con diputados de la Asamblea Legislativa.
En la reunión de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, con varios colectivos de la sociedad civil organizada que velan por los derechos humanos y el gremio médico y diversos especialistas, apuntaron al diálogo como la base para combatir la epidemia del coronavirus en el país.
En el intercambio, Ovidio Mauricio González señaló como primordial, también, el acceso a la información, al señalar que el Gobierno nacional no la ha facilitado.
“Es importante que el Ejecutivo de esa información que es necesaria para determinar los lugares y localizar en dónde se encuentra en los municipios o zonas los casos de COVID-19. Porque de no facilitar esa información violenta también, con este tipo de acciones, el derecho de la población a estar informada y saber lo que sucede en nuestro país, llegando al colmo que ni a los mismos enfermos, que han sido diagnosticados sospechosos de COVID-19, no se les ha dado la información de sus resultados”, acotó.
Asimismo, Alejandro Díaz, de Tutela Legal, agregó que la propuesta del Ejecutivo persiste en elementos que plantean restricciones de derechos -ya lo dijo la Corte Suprema de Justicia desde la Sala de lo Constitucional-, que no se puede decretar desde el Ejecutivo esa restricción a las libertades de la población
“Hay situaciones como la restricción de llevar a cuarentena a personas que no cumplan con las medidas, creo que eso está fuera de orden porque ya la pandemia se ha diseminado a nivel nacional y sería un error llevar a personas a ese encierro en cuarentena y cometer los mismos errores de la vez anterior, en donde muchos adquirieron esta enfermedad. Como organizaciones, no estamos de acuerdo en regular los derechos y menos suspenderlos o limitarlos por la Asamblea Legislativa y, mucho menos, el Ejecutivo, porque está establecido en la Constitución de la República, su garantía. Entonces, el llamado de nosotros es a los tres órganos del Estado a buscar consensos entre todos y proteger los derechos humanos de la población”, argumentó.
En cuanto al aumento de los casos por COVID-19, Díaz consideró que debe regularse desde un Acuerdo Nacional todas las medidas y ser ampliamente informadas a todos los sectores de la población.
“No se puede pensar en réditos políticos partidarios y dejar fuera lo que es central en este momento: la salud, la vida y los derechos fundamentales de la población son para nosotros los elementos esenciales. Esperamos que salga un verdadero acuerdo nacional, que se establezcan acuerdos para controlar el virus en las zonas en donde se ha identificado casos de coronavirus en ciertas áreas geográficas, apegados a lineamientos médicos-científicos, quienes saben del comportamiento de esta enfermedad que trabajan en la primera línea del combate y que sufren los estragos en las pérdidas de vidas del personal médico” sugirió.
Alejado Díaz, ante la ausencia de funcionarios del Gobierno, consideró que esa falta de voluntad al diálogo afecta solamente al bienestar común de la población.
