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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
Evidentemente el país enfrenta problemas estructurales de larga existencia, hacerles frente ha sido el afán del Presidente Salvador Sánchez Cerén y su gobierno; uno de ellos es la inseguridad, para el cual hoy se cuenta con un plan que responde a sus múltiples causas y a la agresividad con que la criminalidad ejerce violencia contra el pueblo.
Por supuesto hay otros problemas: la deuda de pensiones, la deuda externa, y la más cara de todas las deudas heredadas, la pobreza de la que derivan deficientes condiciones de vida de grandes sectores de la población. Desafortunadamente los grupos de poder económico, y otros con poder gubernamental como la Sala de lo Constitucional, bloquean los recursos para hacerle frente a los problemas sociales, a la deuda con los derechos de la gente a una educación de calidad, al agua, a la salud, ese es el significado de la negativa a préstamos, la anulación de tributos, pues impiden al Estado ejercer las potestades de establecer y cobrar tributos, y contraer créditos como el de 900 millones de dólares que fue prácticamente confiscado por 4 magistrados el pasado 13 de julio.
Pero situados en el serio problema de la inseguridad, es bueno constatar que pese a los bloqueos, fue posible primero aprobar las disposiciones legales extraordinarias y temporales que le permiten a la Policía Nacional Civil, a la Fiscalía General de la República, a los jueces y a la Fuerza Armada actuar con contundencia en contra de la criminalidad y en segundo lugar, disponer de recursos para esas medidas extraordinarias por un año. Ese es el destino de los 152 millones de dólares que la Asamblea Legislativa autorizara emitir en bonos y cuyo destino ha sido determinado en el Presupuesto Extraordinario aprobado el jueves 11 de agosto pasado.
Dentro de ese presupuesto, la Fiscalía General de la República lleva 7.5 millones de dólares para renovar la flota vehicular, adquirir aplicaciones tecnológicas que le aseguren mejor planificación de sus acciones así como adecuación de oficinas departamentales. Hay que recordar que ya dispone de recursos de un préstamo para construir su propio edificio central y corresponderá al actual titular la ejecución de esa obra.
El Ministerio de Defensa contará con 19.95 millones de dólares que le permitirán apoyar los planes de seguridad con unos 6,300 elementos junto a la PNC, 1,000 reservistas y fortalecer el fondo de apoyo a las víctimas caídas en el cumplimiento de labores de seguridad.
Se construirán tres centros penitenciarios temporales de reclusión en Zacatecoluca, Izalco y Cuscatancingo (Mariona) para lo cual dispondrán de 25.5 millones de dólares, además de otros 18.1 millones para fortalecer la ejecución de las medidas iniciadas a partir de las reformas legales orientadas a impedir que dichos centros sean lugares para que los reclusos ordenen el cometimiento de delitos.
La Policía Nacional Civil contará con 43.75 millones de dólares para reforzar la operatividad policial especialmente el equipamiento de las unidades especiales y de la inteligencia policial.
El Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada tendrá a su cargo 37.3 millones de dólares con lo cual hará frente al pago de pensiones por un año, una institución desfinanciada en el decir de militares de baja porque otros gobiernos dispusieron de fondos para fines diferentes.
Estos recursos aseguran el financiamiento de las medidas extraordinarias y constituyen refuerzo a los fondos establecidos en el Presupuesto General de la Nación del año en curso a cada una de las instituciones mencionadas. Constituye una base segura que junto a las aprobaciones de los fondos provenientes de la contribución especial de seguridad se reorientan trimestralmente al pago de un bono trimestral a los agentes de PNC, de Centros Penales y efectivos de la Fuerza Armada dedicados a la seguridad.
Si para actuar con mayor eficacia para combatir la criminalidad resulta obvio, debería serlo para comprender la importancia de los programas sociales, todos orientados a pagar la deuda de abandono. Ese es el sentido de una tributación progresiva en la que la elusión, la evasión fiscal, las deudas con el fisco se cobren; ese es el sentido de elevar la presión tributaria para que un país pueda invertir en el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental.
Muchos analistas intentan justificar las acciones de bloqueo a las finanzas en la falta de un “pacto Fiscal”, porque son grupos y personas alejadas de las necesidades cotidianas de millones de salvadoreños y políticamente enemigos del fortalecimiento de las instituciones estatales que son las que deben ejecutar acciones de protección y aseguramiento del desarrollo como se hace hoy con el Plan El Salvador Seguro.
