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Para la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), “de ningún modo puede negarse que las autoridades deben tomar medidas para combatir la pandemia COVID-19”, sin embargo, estas deben ser equitativas, proporcionales y claras.
Ante la emergencia por la pandemia, el Ministerio de Salud ha declarado la restricción total de la libertad de circulación y reunión, salvo algunas excepciones y, aunque se enuncian los casos en los
que se puede circular, FUSADES afirmó que fueron establecidas de manera clara, coherente y oportuna las vías para poder demostrarlo ante las autoridades.
“Esto ha generado mucha confusión en la población, trabajadores y empleadores, así como preocupación de que se lleven a cabo detenciones arbitrarias, llamadas eufemísticamente retenciones. Es necesario y urgente tomar medidas de distanciamiento social para frenar la amenaza de COVID-19, pero siempre debe buscarse la mínima afectación posible a los derechos fundamentales”, expuso.
La Fundación consideró que, la difusión en redes sociales oficiales del decreto ejecutivo que contiene la cuarentena domiciliar fue errática (pues se publicó y luego se suprimió para posteriormente volver a publicarse), y ocurrió mucho después de que las primeras detenciones fueron realizadas.
“Las indicaciones a la ciudadanía han sido ambiguas y, a veces, incoherentes. Por ejemplo, se ha dicho que una persona, además de su identificación laboral, debe portar una carta firmada por su
empleador, pero si estaba fuera del trabajo cuando se emitió esa disposición ¿cómo obtiene la carta sin violar la cuarentena? ¿Cómo un miembro de la familia demuestra que va al supermercado? O peor aún, ¿cómo demuestra la autoridad, que una persona ha salido más de dos veces al supermercado en una misma semana?”, cuestionó.
Agregó que la duración de la cuarentena domiciliaria de carácter general no puede ser mayor a la duración del estado de excepción, de modo que si este no es prorrogado, con su vencimiento
debiera finalizar la cuarentena general, y en su lugar, adoptar medidas de combate al COVID-19 que sean menos restrictivas de derechos fundamentales.
Según FUSADES, debe diferenciarse claramente entre las medidas para contener la enfermedad y las consecuencias de desobedecer las restricciones al derecho de reunión y circulación. “No puede
usarse la cuarentena como una privación de libertad con carácter sancionatorio y sin control judicial”, concluyó.
