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José M. Tojeira
Durante los días 29, 30 y 31 de Marzo se desarrolló en Morazán el noveno Tribunal de Justicia Restaurativa. Una vez más las masacres tuvieron una dimensión preponderante. Y en esta ocasión reforzadas por el libro editado en la UCA que resume los ocho Tribunales anteriores. En él aparece la narración, casi diríamos las actas, de cada uno de los episodios de este esfuerzo por dar al menos reparación moral a las víctimas, mientras ellas van triunfando con su memoria sobre el olvido. Además de esa tarea, Este documento tiene el estilo de un libro de estudio, plasma en el papel lo dicho y afirmado por las víctimas. Titulado “A la Paz sólo por la Verdad”, escrito por José Ramón Juániz, juez de estos tribunales desde la primera edición, el libro hace una serie de recopilaciones y cálculos que resultan de sumo interés. El cálculo de víctimas en las masacres analizadas en las ocho sesiones previas a la actual supera el número de tres mil personas. De ellas en los tribunales se han podido identificar con exactitud a 474 personas. De ellas casi el 44% era niños menores de 15 años. Y mujeres el 41%. En otras palabras, que se puede decir que más del 80% de los asesinados no tenían capacidad ni posibilidades de convertirse en enemigos armados. O en otras palabras, que había una clara decisión de exterminar a la población civil campesina en determinado territorio, como el norte de Morazán y otros departamentos del norte del país. De un modo muy especial en los primeros años del conflicto, sobre todo desde 1980 hasta 1983, el ejército y las fuerzas de seguridad llevaron a cabo operativos conjuntos en los que destacaron los bombardeos aéreos indiscriminados, los ataques con artillería pesada hacia zonas pobladas por civiles y avances de cuerpos de infantería y batallones especiales, sobre todo el Atlacatl, que resultaron con frecuencia en masacres y desplazamiento forzado y destrucción de bienes y personas, afectando a comunidades enteras.
A esta dinámica de exterminio hay que añadirle el desplazamiento forzado de una enorme cantidad de personas a refugios dentro y fuera del país. Así mismo, la donación masiva de niños para adopción fue amparada por una ley destinada en la práctica a romper el vínculo familiar de niños salvadoreños sin la investigación adecuada de su origen, sus parientes o sus posibilidades de reinsertarse con su familias. Un sólo abogado llegó a dar los papeles de adopción de más de 500 niños salvadoreños a extranjeros en el lapso de un año, convirtiendo el tráfico de niños en un negocio. Todo ello hace que nos encontremos con una situación muy cercana, o tal vez plenamente identificada, con el delito de genocidio. Porque en efecto, el genocidio está tipificado como “cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”. Y no hay duda de que los campesinos de varias zonas del norte del país constituían un grupo nacional. Además, la presencia masiva de niños y mujeres entre los muertos delata el afán de exterminio existente en los operativos de tierra arrasada que caracterizaron el inicio de la guerra civil salvadoreña. La frecuencia de las violaciones, generalmente afirmada por muchas mujeres, pero difícil de establecer en números y víctimas, dado el exterminio posterior y el difícil testimonio para muchas de las víctimas sobrevivientes, añade un componente de lo que hoy llamamos crímenes contra la mujer muy evidente.
Es evidente que queda mucho por investigar en lo que a masacres se refiere, especialmente a la hora de establecer la cantidad de las mismas y de tipificar edades, sexo y modos de operar (muertes, lesiones, violaciones, destrucción de bienes, desplazamiento forzado de sobrevivientes, etc.). Pero la muestra recogida por los Tribunales de Justicia Restaurativa dan pistas tanto para el estudio como para ir avanzando en las posibles tipificaciones de lo que sin lugar a dudas han sido crímenes de lesa humanidad. De hecho ya se están iniciando algunas tesis de doctorado en algunos países sobre esta terrible realidad salvadoreña. El hecho de que cada vez que se lleva a cabo un Tribunal de Justicia Restaurativa se acerquen nuevos sectores de población pidiendo que se investiguen sus casos, muchas veces superando las posibilidades de acción del Idhuca, es una muestra de lo mucho que queda por hacer. La insistencia en el olvido del algunos sectores, no sólo se opone al derecho de las víctimas a la verdad, sino que además se convierte fácilmente en complicidad con delitos de lesa humanidad. Establecer la verdad en su conjunto es una necesidad del país para poder garantizar en el futuro la no repetición de los desgarradores hechos. El negacionismo, o lo que es peor, la justificación o indiferencia ante masacres como la de 1932 es lo que posibilitó posteriormente esta especie de brutalidad, que con bastante propiedad podríamos llamar genocidio, que caracterizó especialmente los primeros años de la guerra civil salvadoreña.
Frente a esta realidad, que cada vez cobra más visibilidad en este El Salvador que con Monseñor Romero ha dado origen al “Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas”, podemos preguntarnos ¿qué debemos hacer? Muchos de los que deseamos ardientemente la paz, junto con garantías de no repetición, asumimos como propias las palabras de Ban Ki Moon en 2011: “Los problemas que se plantean después de los conflictos hacen necesario optar por un planteamiento que equilibre múltiples objetivos, entre los que se encuentran la búsqueda de la rendición de cuentas, la verdad y la reparación, la preservación de la paz y la construcción de la democracia y el Estado de derecho. Una estrategia cabal también debe prestar atención especial a los abusos cometidos contra los grupos más afectados por el conflicto, como las minorías, los ancianos, los niños, las mujeres, los prisioneros, los desplazados y los refugiados y establecer medidas particulares para su protección e indemnización en procesos judiciales y de reconciliación”. Esto es lo que llamamos Justicia Transicional, es lo que pedimos que sea legislado por la Asamblea Legislativa para cumplir adecuadamente con la sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía, y es lo que necesitamos en El Salvador.
