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Rafael Lara-Martínez
Tecnológico de Nuevo México
https://nmt.academia.edu/RafaelLara
Desde Comala siempre…
I.
Hoy que con alegría Manlio Argueta anuncia la creación de una Biblioteca-Museo en la casa del poeta Roque Dalton (1935-1975), me pregunto si la memoria sustituirá el archivo del autor. La tardanza en clasificar la obra de Dalton la certifica la prontitud con la cual la Universidad de Texas-Austin organiza el archivo digital del escritor colombiano Gabriel García Márquez (1927-2014, https://hrc.contentdm.oclc.org/digital/collection/p15878coll73). La disparidad temporal no podría ser mayor. Mientras en cinco años se clasifica y digitaliza el archivo del colombiano en EEUU, cuarenta y cinco no bastan siquiera para recolectar el del poeta salvadoreño en su país.
El proceso del archivo es largo, ya que no se trata sólo de recopilar los documentos familiares. Hay que ordenarlos, clasificarlos hasta volverlos accesibles en exhibición museográfica, así como en consulta material y digital. Además, el rescate lo complica la compilación de una obra dispersa en revistas y periódicos nacionales y extranjeros. Si en los ochenta, la época de la guerra civil percibía el concepto de testimonio en sinónimo de la Verdad histórica —sin referencia náhuat al saber visual (-ix-mati) y cordial (-yul-mati)— el siglo XXI lo reemplaza por la noción de memoria. Acaso para suplir la deficiencia de los archivos nacionales se recurre a disfrazarlos de memoria (inter)subjetiva. Con frecuencia se confunde la memoria —siempre en plural por los varios agentes históricos en pugna— con los expedientes primarios.
En efecto, este enfoque disimula la evidencia documental —que desmentiría el recuerdo— bajo una memoria, tan diversa como los grupos sociales y los múltiples individuos que refieren un hecho. Mejor aún, los varios recuerdos contradictorios no siempre armonizan con el archivo. La reconstitución presente del pasado suele diferir de los hechos en sí —de su percepción inmediata— ante todo cuando se trata de figuras consagradas quienes en vida ejercieron un papel polémico. Asimismo sucede con acontecimientos históricos trágicos y controvertidos, por ejemplo, la valoración tardía del 32 que no sucede en 1932, esto es, la paradoja: “el 32 sin 1932”. Casi nunca se valora la distancia de los hechos (1932) a la consciencia (el 32). Esta disonancia la declaran las “actividades literarias del año de 1932” (J. F. Toruño), ausentes en casi todos los libros de historia política y cultural.
En este periódico, hace unos meses publiqué “Azar poético del encuentro (1975)”: parricidio (Dalton) y lengüicidio (náhuat recopilado sólo por Lyle Campbell) simultáneos e irreconocidos. Ese ensayo hacía constar la manera en que los juicios severos de los contemporáneos de Dalton, oscilaban de la acusación incriminatoria del Ejército Revolucionario del Pueblo (1975), la mitigada denuncia de Ana Guadalupe Martínez (1978), las discrepancias con José Roberto Cea (1971) —de “vacío y metafísico”, lo tildaba— al juicio simplista de “pequeño burgués”, según los académicos estadounidenses John Beverley y Marc Zimmerman (1990). Esta reticencia culminó en la denegación de los autores intelectuales y materiales del crimen, acaso so pena de menoscabar los nobles ideales de la izquierda. La omisión de su nombre se prolongó hasta casi el cambio de siglo, ya clausurados los Acuerdos de Paz (1992). Posiblemente una nueva escisión entre los hechos criminales y la consciencia. Quizás…
En esta discrepancia —juicios contemporáneos al autor y dictamen actual retrospectivo— el archivo contradice la memoria. Por ello, tal vez la actualidad se niega a documentar el pasado en expedientes que cuestionen su veredicto. La memoria —máxime partidista y política— sustituye el trabajo historiográfico. La supresión de archivos complica la edición de una obra completa, ya que la tachadura elimina manuscritos, ediciones príncipes, poemas dispersos, correcciones tardías, etc., para editar sólo las publicaciones canonizadas y accesibles. Basta contrastar la “Poesía escogida” (1983) con “En la humedad del secreto” (1996) y el trabajo multi-autorial de la “Poesía completa” (2005 y ss.) para advertir la dificultad de elaborar una verdadera crítica literaria y cultural fundamentada en documentación primaria. El trabajo historiográfico demuestra cómo el pasado no ofrece un simple hecho objetivo, sino a la vez exhibe la deuda apremiante y afectiva del presente hacia el pasado. De los vivos hacia los muertos en visión regresiva.
Igualmente sucedió con la novela testimonial “Miguel Mármol” (1972), cuya transcripción fragmentada original ocurrió en 1966, en Praga. La razón política asignó borrar la historiografía, como lo certificaron todos los estudios culturales en EEUU hasta finales del siglo XX. Creyentes aún en las Musas, presuponían que el testimoniante le dictaba la integridad del libro a su transcriptor, obediente y sumiso al mensaje profético literal. Así, divinizado, no sólo el libro de historia carecía de historia, sino los estudios culturales evadían el problema del archivo. Los hechos los volvía hechizos la corrección política y teórica que borraba expedientes indeseables. Cualquier pretérito ajeno a la voluntad hegemónica lo rectificó el proyecto porvenir: la revolución predicha por un ascenso evolutivo lineal. La proyección futura del presente rechazó examinar la transformación de los datos primarios (1966) en formato convencional de novela testimonial (1972).
La misma tachadura le ocurrió a la declarante de “Un día en la vida” (1980) de Manlio Argueta. Quedó a la espera de un testimonio directo, sin el cristal opaco de una teoría correcta, pero lejana. La distancia ignoraba el “estar” y el “conocer (taixmatilis)” —claves de la historia vivida— así como desconocía el –ix-pan y sus derivados —-ix-pan-tia, -ix-pan-ti-lia, etc. No se podría reclamar la historia como flujo acuático (-a-panu) constante de un pasar y andar (panu) ante los ojos (-ix-pan; -ix-panua) sin ese co-nocer que com-parte la mirada directa con lo Otro y con el pasado común (ikman panutuk).
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Por estas memorias y testimonios tan variados como los agentes históricos, surge el problema del archivo y el fichero. En verdad, coleccionar, catalogar y guardar archivos no le compete a cualquier persona civil. Tampoco la tapixca como recolección (logos) de frutos y flores (anthos) en florilegio. La documentación —sobre todo la de los archivos nacionales— siempre la conserva un sitio de resguardo donde la autoridad (arconte) vigila el acceso y regula la consulta. Por ello, la colección privada carece del mismo estatuto legal que la gubernamental. En efecto, “del lugar de autoridad (el arconte)” depende “la condición del archivo (Jacques Derrida, “Mal de archivo”, 1994). “La ley (nómos)” estipula la “casa (eco, oîkos)” —“economía”— cuyo recinto aloja el archivo. Por decreto, esos comprobantes impresos no los “suprime” ni “reprime”, sino los salvaguarda en tatuaje indeleble de la historia nacional. Archivar refuta “la pulsión de muerte” que remite el archivo hacia el borrón y el olvido.
Ese quehacer del archivero le compete a un funcionario público (arconte), quien decide por precepto la institución de la Museo-Biblioteca y la “verdad histórica” que ahí se protege. Quien carece de jurisdicción y de poder político tampoco posee el derecho de rescatar documentos oficiales. Por privilegio, siempre le pertenecen a la autoridad en acto notarial. Prosiguiendo la lógica, el “orden” de los hechos —su “secuencia” y correlaciones— lo dicta la orden o el imperativo del nuevo regente (arconte).
En este fallo de potestad, reproduzco cuán inútil le resultó a mi hermano mayor —muerto de cáncer en la funda del alma— compilar el archivo de Roque Dalton. Por designio del magistrado (arconte) —sin fuero ni aval partidista— ese archivo hoy vuela en la brisa otoñal del desdén Reseco y ajado cual su homónimo: hoja marchita. Sólo así —suprimiendo el archivo— la memoria reconoce a su gemelo idéntico: el olvido.
