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Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez
La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador condenó la decisión del Gobierno de revertir la prohibición de la minería metálica en el país aún con el conocimiento de los graves impactos que las actividades extractivas genera, y catalogó como una “traición” a la población.
“No es cierto que exista en el mundo minería responsable, ninguna empresa minera es responsable con el ambiente, no existe en el mundo tecnología o métodos para explotar oro sin contaminar las fuentes de agua, la tierra, el aire y el ambiente”, destacó la Mesa.
Los daños ocasionados en las comunidades por estas industrias son irreversibles, aseguró la organización, y señaló que permitir el saqueo de los bienes naturales por parte de las corporaciones mineras es un acto de “traición a la población salvadoreña que luchó por más de 10 años para la aprobación de la ley”.
La alianza condenó la decisión del gobierno de Nayib Bukele de derogar la Ley de Prohibición de Minería Metálica y reactivar la actividad minera en El Salvador decisión tomada por la Asamblea Legislativa este lunes 23 de noviembre.
La alianza que aglutina a organizaciones ambientalistas y comunidades en resistencia amenazados por la explotación de oro expresó el rechazo ante la decisión del gobierno de Nayib Bukele de derogar la Ley de Prohibición de Minería Metálica y reactivar la actividad minera en El Salvador, a pesar de que el país no posee las condiciones geológicas y ambientales para desarrollar una industria a gran escala que requiere grandes cantidades de agua para procesar el oro y toneladas de químicos altamente contaminantes, como el cianuro, mercurio y arsénico.
La Mesa recordó su compromiso de accionar a nivel nacional para impedir el saqueo y contaminación de los bienes naturales a consecuencia de las actividades de la industria de la minería metálica, elevar la denuncia por la violación a los derechos humanos ambientales, ante las instancias internacionales frente a la inminente invasión de las empresas mineras en El Salvador y a la derogación de la Ley de Prohibición de Minería Metálica.
Con la acción anterior, se incumpliría el artículo 12 del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales conocido como el Protocolo de San Salvador, entre otros cuerpos normativos que garantizan tales derechos.
