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@GloriaCoLatino
Saúl Baños, de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, expresó la preocupación de las organizaciones que la integran, ante el retraso del veredicto del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que lleva un proceso de siete años por un “laudo arbitral”(resolución por arbitraje entre 2 o más partes) luego, de la demanda interpuesta contra el Estado salvadoreño por la transnacional minera Pacific Rim ahora, Oceana Gold.
“Una vez más al pueblo salvadoreño se le tiene en suspenso de conocer el -laudo arbitral- de esa demanda; cuando la etapa de conclusión culminó en el mes de octubre del año pasado, cuando anunciaron que se conocería el resultado en marzo de 2016; luego dijeron que sería en este mes de agosto pero ahora, sabemos por las partes intervinientes que el laudo se conocerá hasta el próximo mes de septiembre”, informó.
Las organizaciones sociales que integran la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica han presentado desde hace más de un década cantidad importante de estudios técnico-científicos elaborados por diversos profesionales del ámbito nacional e internacional, los que han concluido reiteradamente que el territorio nacional no cuenta con las condiciones para desarrollar una industria como la minera por su densidad poblacional y por la extensión delimitada.
“Nos preocupa que exista una negociación -en buen salvadoreño- debajo de la mesa en relación a esa demanda y esperamos que esto no este
sucediendo; asimismo, nos preocupa que pese a que dos gobiernos han mantenido medidas de hecho, en cuanto a no otorgar permisos de explotación minera, no existe una concreción normativa para que esto no se siga dando”, acotó.
La Mesa frente a la Minería demando del Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén y de la Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pohl, un pronunciamiento público sobre esa posibilidad de que, El Salvador sea condenado por el CIADI y se toque el tema a fondo.
“Extendemos este llamado al Fiscal de la República (Douglas Meléndez) que conoce muy bien, como está el caso -aunque lamentamos- que en una actividad que realizamos se le invitó y se disculpó diciendo que no podía participar porque no podía adelantar criterio; y con las disculpas que se merece el Fiscal no compartimos su postura – porque él no es juez- sino parte que representa al Estado y el pueblo salvadoreño tiene el derecho a información pública, porque el caso es de interés ciudadano, no privado”, explicó.
Héctor Berríos, por su parte, indicó que entre los procedimientos del CIADI, es la “negociación” entre las partes, que puede darse antes de presentar públicamente los resultados, como parte de su engranaje para solucionar las diferencias entre un Estado y una transnacional.
“Nos preocupa que pese al laudo arbitral, la empresa Oceana Gold este contratando cientos de promotores para que anden casa por casa, que a diario están promoviendo entre la población que ha estado en contra de la minería tratar de cambiarle su decisión y claro contrarrestar el esfuerzo que la Mesa Nacional contra la Minería ha realizado. Y ante el silencio administrativo del gobierno hacemos un llamado a que se pronuncien públicamente y se sumen al llamado del Arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas, a prohibir la minería metálica en el país”, consideró.
Vidalina Morales, habitante de San Isidro, Cabañas expresó su preocupación por la permanente tensión entre la población y la transnacional minera Pacific Rim que llegó en el año 2005 y que ha traído para ellos luto y dolor a las comunidades.
“Ellos insisten y no han parado de trabajar tratando de convencer a la gente, antes fueron Pacfic Rim y ahora Oceana Gold que bajo la Fundación El Dorado y la subsidiaria Minerales Torogoz les están dando mucha publicidad, hay unos periódicos que mantienen en sus páginas esa campaña seguros de que su proyecto lo van a desarrollar, cuando sabemos cuanto dolor generaron desde el 2007 al 2009 que solo trajo amenazas y asesinatos de los habitantes”, recordó.
