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Por David Alfaro
29/01/2025
Donald Trump ha vuelto a la Casa Blanca y, como prometió, está deportando en masa no solo a gente trabajadora y honrada, también a criminales extranjeros, incluyendo miembros del Tren de Aragua y otras bandas transnacionales que los deportará a El Salvador.
Pero hay un problema legal evidente: ¿cómo justificará Bukele detener en El Salvador a un extranjero que no ha cometido ningún delito en el país?
La ley contra la narrativa
El marco legal salvadoreño no contempla la detención preventiva de extranjeros solo por haber delinquido en otro país. La Constitución y el Código Penal establecen que nadie puede ser privado de libertad sin orden judicial o por un delito no cometido en territorio salvadoreño.
Esto significa que cuando los deportados aterricen en El Salvador, Bukele tendrá tres opciones:
1. Liberarlos, lo que sería un riesgo de seguridad y un golpe a su retórica de «nación más segura del hemisferio».
2. Fabricar cargos o detenciones arbitrarias, usando la maquinaria represiva del régimen de excepción.
3. Reformular la narrativa para justificar su sometimiento a Trump.
Lo cierto es que Bukele ha sido colocado en una posición humillante: Trump le impone criminales y él solo puede intentar justificarlo ante su base. El resultado es que El Salvador se convierte en un vertedero de pandilleros internacionales, disfrazado de “triunfo” gubernamental.
