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@arpassv
En el marco de la discusión sobre el financiamiento del presupuesto estatal para el próximo año, el Ejecutivo ha lanzado nuevamente el llamado a un “diálogo fiscal”.
La propuesta es siempre oportuna, en tanto que persiste el problema del déficit fiscal del gobierno. Sin embargo, es necesario plantear un par de observaciones relacionadas con la metodología y el contenido del diálogo fiscal planteado.
En relación al método, el diálogo no debe ser únicamente con los partidos políticos con representación parlamentaria y, menos aún, sólo con el oligárquico ARENA que ha boicoteado todos los esfuerzos de diálogo y -seguramente- intentará hacer lo mismo en esta ocasión.
El diálogo tampoco debe ser sólo con las gremiales empresariales, sino con las organizaciones sociales y la academia. En la mesa deben estar representados todos los sectores de la población, que es la principal contribuyente porque aporta el mayor porcentaje de ingresos al fisco. El diálogo debe ser incluyente, participativo y transparente: debería ser público.
Y con respecto al contenido del diálogo fiscal, éste debería incluir al menos tres elementos centrales. En primer lugar, medidas legales e institucionales para combatir más eficiente y efectivamente la evasión tributaria que ronda los 1,500 millones de dólares anuales según la UCA, 1,800 según Oxfam y 2,000 millones según datos del propio Ministerio de Hacienda.
En segundo lugar, la revisión de los incentivos fiscales a las grandes empresas y posibles reformas a leyes como las de Inversiones, de Zonas Francas, de Turismo, de Servicios Internacionales y otras que permiten la elusión (o evasión legal) de impuestos.
Y en tercer lugar, una reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más”: impuestos directos al patrimonio, a la gran ganancia empresarial, a los bienes y servicios de lujo y a las grandes transferencias financieras.
Una reforma como ésta haría justicia tributaria y permitiría al Estado obtener los ingresos necesarios para atender las demandas de la población y las necesidades del país en seguridad pública, protección social, prevención de la violencia, educación, salud, saneamiento ambiental, infraestructura, productividad, etc.
